Titulares de medios públicos fueron espiadas por el Gobierno porteño en 2020 y 2021
La titular de Radio Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; la presidenta de la agencia Télam, Bernarda Llorente, y la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten, denunciaron que fueron espiadas por el Gobierno porteño entre 2020 y 2021 a partir de la búsqueda de sus datos biométricos, y revelaron que fueron notificadas del espionaje en su contra por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente de la Procuración General de la Nación.
Las tres funcionarias, que dirigen los medios públicos del Estado nacional, contaron además que la PIA les ofreció que se sumaran a la causa que investiga estos hechos en condición de particulares damnificadas.
Lufrano, Llorente y Tritten hicieron pública la denuncia este martes al participar en el programa «Desiguales» de la TV Pública, donde advirtieron que sus datos personales fueron monitoreados a partir de un programa de vigilancia biométrica del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que está siendo investigado por la Justicia.
En diálogo con esta agencia, Llorente confirmó este miércoles que las tres decidieron presentarse como querellantes en la causa, luego de ser notificadas por el ministerio público de la existencia de reiterados pedidos de información de sus datos personales.
«Nuestra voluntad es presentarnos ante la Justicia como querellantes de manera particular, a título personal, para obtener más información y también para ayudar a visibilizar una práctica ilegal en la que se está obteniendo información de los ciudadanos y ciudadanas», amplió la presidenta de Télam.
Y agregó: «Esto tiene que ver con las funciones que estamos teniendo en este momento y es otro capítulo del ataque sistemático contra los medios públicos de un sector de la oposición».
Durante su participación en el programa de la TV Pública, Llorente detalló que de acuerdo a la investigación en curso que lleva adelante la PIA sus datos biométricos y sus movimientos fueron solicitados en «distintas búsquedas y distintas fechas» a partir del programa del Ministerio de Seguridad de CABA en el año 2021.
«Somos personas con una vida muy pública y todos saben donde encontrarnos. Por eso, es importante precisar qué tipo de información requerían y qué fines perseguían, que seguramente son políticos y no personales», resaltó la periodista y presidenta del directorio de Télam.
En el mismo sentido, reiteró: «Estas acciones de espionaje se enmarcan en una campaña contra los medios públicos, no apuntan a afectarnos en lo personal».
«La oposición piensa que la información es poder y el PRO siempre puso énfasis en conocer datos sobre la gente, ya sea para hacer campañas o para otros fines, y hasta espió a sus propios compañeros», recordó, para luego subrayar: «Es necesario precisar la metodología y el objetivo de estas acciones».
Por último, Llorente alertó que los responsables de estas prácticas de búsqueda de información biométrica «aparentemente buscan saber cómo te manejás, cómo te movés y cuál es tu proyecto político, entre otros detalles que hacen a nuestro rol en los medios públicos».
Por su parte, Lufrano, contó que las tres funcionarias recibieron comunicaciones del ministerio público para informarles que sus datos personales habían sido requeridos en reiteradas oportunidades con una operatoria similar a la de millones de búsquedas.
Sobre ese punto, la titular del directorio de RTA detalló que junto a Llorente y Tritten fueron notificadas «por la Procuraduría (de Investigaciones Administrativas) para ver cómo vamos a proceder con este tema» y recalcó que las acciones de espionaje «incluyeron 10 millones de búsquedas y eso involucra a muchas personas».
«No queremos naturalizar el espionaje«, remarcó.
Los datos biométricos de Lufrano fueron solicitados en el año 2021, en algunas ocasiones incluso en horarios poco habituales para una gestión administrativa: en una de las jornadas se requirió esa información a las 23.09.
«Eso también llama la atención, que las búsquedas son en horarios muy nocturnos y hasta en la madrugada», puntualizó la periodista.
Finalmente, Jessica Tritten, gerenta general de Contenidos Públicos y funcionaria a cargo de los canales Encuentro, Pakapaka y DeporTV junto a la plataforma Contar, confirmó que en su caso «hubo tres búsquedas en 2020».
«Estas acciones, en definitiva, atentan contra la democracia», manifestó Tritten, quien también está dispuesta a ingresar a la causa que investiga las prácticas de vigilancia y querellar «con el objetivo de que todo esto se visibilice y que no se naturalice el espionaje ilegal».
Los datos biométricos de las tres directivas de medios públicos fueron solicitados en 2020 y 2021 a partir de un convenio suscripto por el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, que primero estuvo a cargo de Diego Santilli y desde julio de 2021 siguió al mando de Marcelo D’Alessandro hasta que éste renunció, en marzo de este año.
El requerimiento de datos biométricos por parte del Gobierno porteño estaba encuadrado en un convenio de cooperación técnica suscripto en febrero de 2019 -durante el gobierno de Mauricio Macri- entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.
El uso dado por el Gobierno de CABA al reconocimiento facial motivó una denuncia del juez porteño Andrés Gallardo, luego recusado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, por lo que la causa quedó a cargo de Elena Liberatori, quien en septiembre pasado decretó la inconstitucionalidad del programa de vigilancia.
En abril pasado, la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP) derivó en una denuncia presentada en la Justicia de Comodoro Py por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la PIA, quien acusó a las autoridades de CABA por «violación de secretos» (artículo 157 bis del Código Penal) por el presunto uso de datos biométricos «sin justificación racional».
