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Sobreseyeron a Vicente Massot, el ex dueño del diario La Nueva Provincia

Massot también fue acusado «de haber efectuado desde el diario aportes esenciales en el ocultamiento deliberado de la verdad en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas» / Foto: Archivo.

Un juez Federal de Bahía Blanca sobreseyó al ex dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, en el marco de una causa en la que era investigado por presuntos delitos de lesa humanidad, informaron fuentes judiciales.

Tras la medida dispuesta por el juez Federal 1, Walter López Da Silva, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Se trata de una causa por la cual la Fiscalía de Derechos Humanos había acusado a Massot de contribuir con actos indispensable a la consumación en 1976 de los asesinatos de los obreros y delegados gremiales gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en el diario más poderoso de Bahía Blanca.

Fuentes judiciales señalaron además que también fue acusado «de haber efectuado desde el diario aportes esenciales en el ocultamiento deliberado de la verdad en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar».

Desde la agrupación HIJOS de Bahía Blanca expresaron que «el Poder Judicial sale, una vez más, en auxilio de los responsables empresariales del genocidio».

 

«Sobreseyeron a Vicente Massot en la causa por crímenes de lesa humanidad», expresaron al indicar que el empresario «había sido indagado en 2014 y ahora el juez de Bahía Blanca Walter López da Silva dice que no hay evidencia de su participación en el secuestro y asesinato de dos obreros gráficos de La Nueva Provincia».
 

«El Poder Judicial sale, una vez más, en auxilio de los responsables empresariales del genocidio»Comunicado de H.I.J.O.S.

El fallo

En su resolución el juez Federal sostuvo que Massot «no ha logrado acreditar, ni siquiera con la provisoriedad característica de esta instancia, la existencia de elementos que determinen que la conducta del encausado excedió las acciones típicas de su profesión u ocupación, ni que tuviera un conocimiento cabal de aquellos actos propios del plan clandestino de represión».

«En el caso de autos se procura ligar al encartado en esta grave categoría de delitos, cuando no existe evidencia precisa y seria que permita sostener que el empresario, un civil extraño a las fuerzas armadas estatales y con tan sólo 23 años al momento de los hechos, tuviera la posibilidad de influir o determinar de alguna manera a quienes cometieron de propia mano los actos de torturas o desapariciones y menos aún que su designio haya sido participar de ilícitos que por su gravedad afectan a la humanidad en su conjunto», agregó el magistrado en su fallo de 28 fojas.

También señaló que por la «extrema gravedad de los hechos que constituyen el objeto de la presente causa así como las dificultades probatorias que se pueden presentar frente a ciertos delitos, sea que ellas deriven de las características del tipo penal o bien de circunstancias de hecho, no pueden ser ponderadas para omitir una mínima acreditación de la imputación».

En ese contexto López Da Silva indicó en el fallo que las pruebas que fueron analizadas «permiten arribar a la certeza negativa acerca de la comisión de los delitos antes señalados, pues no tienen entidad suficiente como para continuar sujetando al imputado a la presente pesquisa, que conforme lo dictaminado el acusador entiende concluida, ni para justificar el avance de las actuaciones a las subsiguientes etapas del proceso».

Por tal motivo, el juez Federal dictaminó sobreseer en la causa respecto de Vicente Gonzalo Massot «en orden a los delitos por los que fuera oportunamente indagado, con la expresa declaración de que la formación de la presente no afecta el buen nombre y honor del que hubiera podido gozar».

Tras la resolución del juez Federal bahiense desde la Unidad Fiscal de Derechos Humanos adelantaron que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Fuente: Telam

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