La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) insistió con su reclamo para ser tenida por querellante en la causa en la que se investiga el viaje de jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Lago Escondido en octubre pasado, bajo el argumento de que los imputados podrían haber introducido información falsa en las facturas con las que buscaron demostrar que cada uno pagó sus respectivos pasajes y estadía, informaron fuentes judiciales.
El primer intento de la AFIP para ser tenida por querellante fue rechazado por el juez federal Sebastián Ramos pero esa decisión ya fue apelada por el ente recaudador el pasado 18 de mayo, con lo cual la definición quedará en manos de la Cámara Federal, según pudo reconstruir esta agencia de fuentes con acceso a la investigación judicial que se inició en Bariloche pero tramita actualmente en los tribunales de Comodoro Py.
Se trata de la causa por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «dádivas» iniciada luego de que saliera a la luz ese viaje del que participaron, entre otros, los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques (Casación), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo); el exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D´alessandro y directivos del Grupo Clarín.
“Esta representación considera que las conductas aparentemente realizadas por las contribuyentes Hidden Lake SA y/o Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA por medio de sus representantes, resultan importantes indicios de ilícitos tributarios existiendo un perjuicio al fisco, por lo que esta Administración Federal, se considera con derecho a ser tenida como parte querellante”, señaló la AFIP en el escrito de apelación.
“En tal sentido, es importante resaltar que el Fisco pretende proteger el bien jurídico tutelado, la hacienda pública, cuya afectación podría estar dada ante las inconsistencias tributarias que surgen de las contribuyentes involucradas, atento haberse detectado inconsistencias en la facturación emitida a los demás investigados”, sostuvo el entre recaudador.
Al analizar los comprobantes emitidos por la empresa que albergó y por la que facilitó el vuelo de los imputados, la AFIP “detectó una fecha de emisión inserta en los mismos, la cual no coincide con la detallada en el sistema como fecha de autorización de los comprobantes, es decir, fecha en la que se genera sistémicamente, siendo en todos los casos posterior”, se sostuvo en la presentación.
“A partir de esas verificaciones, y teniendo en cuenta las inconsistencias observadas, resulta atendible considerar con cierto grado de probabilidad, que las facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos investigados u otros que resulten conexos”, señaló la AFIP en su escrito.
Para los abogados del ente recaudador, resulta “de interés conducir la investigación penal desde la perspectiva tributaria” por lo que la AFIP “resulta idónea para acompañar al Ministerio Público Fiscal en la acusación”.
Cuando impulsó la investigación desde Bariloche, la primera fiscal del caso María Cándida Etchepare, marcó posibles inconsistencias vinculadas con las facturas incorporadas al expediente, aunque no fueran exactamente las mismas que detectaría luego la AFIP.
“Los documentos (vinculados al supuesto pago del hospedaje por parte de los viajeros) evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo la fiscal.
Sobre el pago del vuelo, realizado en un avión privado de la compañía Flyzar, la fiscal en su momento señaló: “Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ´contado´ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”.
