La fiscalía apeló este martes el fallo que rechazó el secuestro del teléfono celular del diputado nacional Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) y remarcó que se trata de una prueba necesaria para «verificar si existieron o no conversaciones alusivas» al intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata de una medida reclamada por la fiscalía luego de que una exsecretaria de Milman declaró ante la justicia que en noviembre pasado el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) le puso a disposición un «perito» para que borrara información de su teléfono celular que ella no quería que se filtrara a los medios.
La declaración de la exsecretaria del diputado opositor, Ivana Bohdziewicz, se produjo en el marco de la denominada «pista Milman», inaugurada el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la justicia para decir que dos días antes del atentado fallido había escuchado al diputado de JxC decir: «Cuando la maten yo estoy camino a la costa».
La postura del fiscal Carlos Rivolo quedó asentada en la apelación que presentó esta tarde a la jueza María Eugenia Capuchetti luego de que la magistrada rechazara este lunes la realización de esa medida tras recordar que Milman no está imputado en la investigación.
La jueza había remarcado, además, que una medida de tales características debía «efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador».
Al apelar esa decisión, Rivolo sostuvo que «corresponde volver a mencionar que, a partir de la declaración prestada por Bohdziewicz, existe en autos la sospecha de que el diputado nacional podría haber convocado a quienes fueran sus asesoras para eliminar información que, hasta el momento, no sabemos si podría ser de interés para esta u otra eventual investigación».
«Sin perjuicio de que Milman no ha sido formalmente imputado por esta parte en esta pesquisa, lo cierto es que la manera idónea de corroborar tales extremos resulta ser el secuestro del teléfono celular del nombrado -bajo las garantías y previsiones de la normativa de marras, en razón de su rol de legislador-, lo cual permitiría verificar si existieron o no conversaciones alusivas al hecho objeto de la presente investigación, conforme la hipótesis planteada por la querella», señaló.
«En el sentido apuntado, es menester destacar que, a lo largo de la presente investigación, y por orden de Vuestro Tribunal, se han incautado diversos teléfonos celulares que se encontraban en poder de otros testigos y que de varios de ellos ha surgido información relevante para el caso, razón por la cual, no encuentro razones para actuar de un modo diferente ante estos nuevos hechos traídos a estudio», sostuvo el fiscal.
