La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dictaminó que tres agentes de las fuerzas de seguridad que se encuentran condenados por delitos de lesa humanidad deben ser dados de baja, al considerar que, si bien se encuentran en situación de retiro, son efectivos que aún están en actividad y en condiciones de prestar servicios.
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Se trata del suboficial de la Policía Federal Juan Carlos Fotea; del oficial de la misma fuerza Ernesto Frimon Weber y del integrante de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, condenados por la comisión de crímenes contra la humanidad cometidos en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA durante la última dictadura cívico militar.
Según consignó el sitio Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación, la PIA emitió este dictamen a requerimiento del fiscal federal Leonardo Filippini, cuando se encontraba a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado (UAVDDHH).
Fotea fue condenado el 28 de diciembre de 2011, por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, a veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua; en tanto, Weber fue condenado a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua.
Ambos fueron declarados coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su condición de funcionarios públicos.
Fueron sentenciados por hechos cometidos en perjuicio de Alice Anne Marie Jeanne Domon, Ángela Auad, María Esther Balestrino de Careaga, Raquel Bulit, Eduardo Gabriel Horane, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondovila, Horacio Aníbal Elbert, Azucena Villaflor de De Vincenti y Renée Leonnie Henriette Duquet.
Todas esas víctimas integraban el grupo de los doce de la Iglesia de la Santa Cruz, un colectivo formado por Madres de Plaza de Mayo, religiosas francesas y familiares de personas que habían sido secuestrados por la última dictadura y que se reunían en ese templo del barrio de San Cristóbal para recabar información sobre los detenidos-desaparecidos.
En diciembre de 1977, el exmarino y represor condenado Alfredo Astiz, quien fingió ser un familiar de un desaparecido, se infiltró en este grupo, cuyos integrantes resultaron secuestrados por un grupo de tareas que operaba en la ESMA, donde fueron vistos con vida por última vez antes de ser arrojados al mar.
Fotea y Weber también fueron condenados por el delito de homicidio doblemente calificado en concurso real con robo doblemente agravado en perjuicio del periodista y escritor Rodolfo Walsh, secuestrado en marzo de 1977.
En tanto, Azic fue sentenciado el 28 de diciembre de 2011 por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal N° 5 a dieciocho años de prisión por torturas a Lázaro Jaime Gladstein, Víctor Aníbal Fatala y Carlos Gregorio Lordkipanidse.
La condena quedó firme el 27 de mayo de 2015 y el 15 de septiembre de 2020 el mismo tribunal unificó las penas firmes que registraba Azic en otras causas y lo condenó a la pena única de veinticinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.
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