La justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó que se adopten las medidas de seguridad necesarias para «garantizar la integridad física» del hacker que reconoció haber vulnerado la comunicaciones del exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.
La resolución lleva la firma de la jueza María Araceli Martínez y está dirigida al juez de Garantías en turno de la localidad de Eldorado, Misiones, donde vive Elías Ezequiel Nuñes Pinhiero y su grupo familiar, según surge del documento al que accedió Télam.
La jueza Martínez le solicitó al magistrado provincial «que disponga, a través de la Policía de esa de Provincia o de la fuerza de seguridad que considere pertinente, las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad física» del imputado y su familia.
«Si bien el artículo 38 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra dirigido principalmente a regular prerrogativas de las víctimas y los testigos, nada obsta a que sus postulados puedan ser aplicados, ‘mutatis mutandis’ (cambiando lo que se deba cambiar), a la situación de los imputados», sostuvo la jueza tras citar una petición de la fiscal del caso Daniela Dupuy.
«Máxime -continuó- en aquellos casos donde su sola participación (la del imputado) en el proceso, pueda generarle un razonable temor de sufrir ciertas consecuencias en su seguridad personal y de sus seres cercanos».
«Siendo ello así, teniendo en cuenta la relevancia que ha cobrado la presente investigación, resulta razonable la pretensión Fiscal si se la evalúa a la luz de los declarado por Nuñes Pinheiro y de la sospechosa visita que habría recibido en su domicilio, tal lo manifestado por su letrado», sostuvo la jueza.
Las medidas de seguridad habían sido solicitadas también por la defensa de Nuñes Pinhiero, a cargo de los abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko, luego de que desconocidos se acercaran a la casa del imputado en Eldorado y preguntaran por él durante la noche del martes, según pudo reconstruir Télam.
«La jueza Martínez le solicitó al magistrado provincial que disponga, a través de la Policía de esa de Provincia o de la fuerza de seguridad que considere pertinente, las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad física del imputado y su familia»
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Ese día, aunque unas horas antes, el joven de 22 años había ampliado su indagatoria ante la justicia porteña: allí afirmó que prendió fuego su propio celular y lo arrojó al río Paraná luego de que lo hubieran citado como testigo en otra causa judicial porque se «asustó», informaron fuentes judiciales.
Fuentes del caso explicaron que lo hizo luego de que lo citaran como testigo en el expediente iniciado por una denuncia del diputado nacional del PRO Diego Santilli, que archivó la jueza María Romilda Servini en diciembre pasado.
En esa causa se reconstruyó cómo se intentaron vulnerar las comunicaciones de Santilli a través del método de «sim swap», duplicación de tarjeta de sim, y allí se detectó que los chips utilizados para el hackeo habían pasado, entre otros, por las manos de Nuñes Pinheiro.
En el expediente que tramita ante la justicia porteña, en cambio, el joven que el martes amplió su indagatoria fue citado como imputado y en ese contexto reconoció que había participado del hackeo a D’Alessandro.
En su ampliación, aportó además el lugar específico donde arrojó su celular con el objetivo de que se lo pueda buscar y dijo que había procedido de esa forma luego de constatar, también, que los diálogos a través de los cuales lo habían contratado habían sido borrados de entre sus comunicaciones por sus interlocutores.
En ese contexto, aportó también el nombre y todos los datos de otra persona a la que le envió 50 chips sin contenido en la Provincia de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
En su declaración anterior el imputado admitió que fue contratado para cometer el hecho por un usuario del sistema de mensajería Telegram y que cobró entre 12 y 15 mil pesos con criptomonedas transferidas de una billetera virtual de pago.