La orden de detención de Putin
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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció que emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.
También emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.
«Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados», señala el tribunal internacional en la orden.
El documento argumenta que los actos delictivos que le imputa a Putín fueron cometidos «directamente, junto con otros y/o a través de otros» y que no se ejerció «un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos»
Lvova-Belova, en tanto, fue «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños)» de las partes ocupadas de Ucrania, según la CPI.
El tribunal no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, tanto más cuanto que Rusia no es miembro de la CPI.
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional (no reconocida por Moscú) no tienen ninguna importancia para nuestro país, incluyendo desde el punto de vista legal»María Zajárova, portavoz de la cancillería rusa
Poco después de conocidas las órdenes de detención, que fueron calificadas por el Kremlin como «nulas» y «sin sentido», la portavoz de la cancillería María Zajárova dijo que «no tienen ninguna importancia para Rusia».
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional (no reconocida por Moscú) no tienen ninguna importancia para nuestro país, incluyendo desde el punto de vista legal», escribió Zajárova en su cuenta de Telegram.
Y el expresidente ruso Dmitri Medvedev comparó la decisión a papel higiénico.
Sin embargo, las autoridades ucranianas celebraron la medida, la cual consideran «el inicio» de la justicia que enfrentará el mandatario ruso por sus crímenes.
«Gira la rueda de la justicia», afirmó el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en Twitter.
La fiscalía ucraniana, por su parte, ensalzó una «decisión histórica» y otro responsable de la presidencia ucraniana, Mijail Podoliak, señaló que con esta decisión «el mundo cambió». «Es el inicio del fin de la Rusia actual en la escena internacional», afirmó en Twitter.
Según la CPI, creada en 2002, Putin es «presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (de niños) y el traslado ilegal de población (de niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia».
El diario estadounidense New York Times informó el lunes que el tribunal abriría dos causas contra funcionarios rusos por acciones cometidas en Ucrania.
Según el periódico, el primer caso que se iba a tratar era el del presunto secuestro de niños ucranianos por Moscú.
El segundo estaría relacionado con el bombardeo deliberado de infraestructuras civiles en Ucrania, como centrales eléctricas y de aprovisionamiento de agua.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita a Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de «una investigación prioritaria».
«Los niños no pueden ser tratados como botín de guerra», declaró.
Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero el Gobierno de Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan.
Khan subrayó que cuando visitó un centro de cuidados para niños en el sur de Ucrania, este estaba «vacío, tras la presunta deportación de niños de Ucrania hacia la Federación de Rusia» o hacia otras zonas ocupadas por Moscú.
El tribunal investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.
Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero el Gobierno de Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan.
Rusia rechaza haber cometido crímenes de guerra en su operación militar.
