El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, adelantó que reclamará que «jueces imparciales integren la Cámara de Casación», en el marco de la apelación que será presentada al fallo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en la causa Vialidad que condenó a la exmandataria a 6 años de prisión y la inhabilitó para ejercer cargos públicos.
«Si yo tuviese que hacer un recurso lo puedo hacer en un rato pero lo que vamos a demostrar es que no solo el fallo, sino que todo el proceso es ridículo. Y vamos a reclamar que la Cámara de Casación esté integrada por jueces imparciales por lo que vamos a recusar a (Gustavo) Hornos, (Mariano) Borinsky y (Javier) Carbajo», adelantó Beraldi en declaraciones a Radio 10.
El jueves pasado el TOF2 dio a conocer los fundamentos del veredicto dictado el 6 de diciembre pasado en la denominada causa Vialidad, por el cual condenó por supuesta «administración fraudulenta» a la Vicepresidenta y a otros doce imputados.
A lo largo de 1.616 carillas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que «lo verdaderamente relevante para esta sentencia» fue la «connivencia y protección» de los organismos estatales para garantizar la actividad del empresario Lázaro Báez.
«Ya sabíamos que el tribunal a como diera lugar iba a tratar de fundar la condena de Cristina» pero que «lo interesante es que los fundamentos son un contrasentido», dijo Beraldi, que ya trabaja en la apelación que presentará.
«Decían que tenían tres toneladas de prueba y solo presentaron 300 o 150 gramos -ironizó- porque cuando uno analiza el fallo y va separando la paja del trigo se da cuenta de que no tenían prueba, no tenían nada y volvieron a usar la muletilla de que hubo operaciones comerciales entre empresas de Lázaro Báez y la familia Kirchner».
«Esto es absolutamente ridículo», añadió el letrado tras recordar que la fiscalía «venía prometiendo pruebas en las nueve jornadas en las que la escuchamos, donde decían que había habido una asociación ilícita de Néstor y Cristina».
El abogado dijo también que «decían que se había cometido el delito de defraudación porque habían asignado 51 obras con sobreprecios e irregularidades y que los exmandatarios eran los responsables directos pero luego, cuando uno lee el fallo, ve que lo que decía (el fiscal Diego) Luciani era todo mentira».
«Lo de la asociación ilícita y el verso de que los gobiernos kirchneristas eran delincuentes, era mentira. Y otra cuestión, es que la fiscalía decía que todo lo había ordenado Cristina pero luego el tribunal dice que no, que ella no pude ser responsable por lo que hacen otras personas».
«Así, encontraron en esos 300 gramos o quizás 150, un decreto del 2009 que lo único que hacía era decir que los fondos del Estado para obra pública en un fideicomiso podían ser usados también en Vialidad, algo que venía ocurriendo desde el gobierno de De la Rúa», precisó.
Beraldi agregó que, por otra parte, ese decreto «no tenía ninguna irregularidad porque había sido cotejado por tres servicios jurídicos y sin embargo, este es el acto por el cual hoy Cristina está condenada».
Asimismo, remarcó que «tampoco hay ninguna comunicación directa entre Cristina y López en los chats que sacaron a relucir para tratar de encontrar algo».
«Estos jueces saben perfectamente que Cristina es inocente y que debe ser absuelta Me da mucha pena hablar de lawfare en la Argentina pero así es», concluyó Beraldi.
