El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no significó solo el enfrentamiento de las tropas de ambos países sino que tuvo un impacto en la vida de los millones de civiles que quedaron atrapados en el fuego cruzado, arrojados al borde de un desastre humanitario debido a la falta de servicios básicos como luz, agua, calefacción, alimentos y suministros médicos mientras están expuestos a los constantes ataques, denunció Amnistía Internacional.
«Estuvimos desde los primeros días acompañando el estallido de la guerra, se hicieron distintas acciones institucionales, recaudación de fondos, fuimos al terreno para documentar la violación de los derechos y vimos violaciones de los derechos por parte de los dos bandos, los civiles quedaron en medio del fuego cruzado», dijo a Télam Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, y agregó que «en todo momento pedimos el fin del conflicto bélico y lo seguimos sosteniendo».
Decenas de ciudades, algunas importantes como Izium o Mariúpol, están expuestas a ataques constantes y muchas de ellas carecen de agua, luz o calefacción, mientras la situación empeora cada vez más por la escasez de alimentos, agua y suministros médicos.
ACNUR, un organismo de las Naciones Unidas, informó que más de 8 millones de personas tuvieron que trasladarse por la guerra y son ciudadanos «que tuvieron que vivir en condiciones fuera de la dignidad», aseguró Garone.
«Se vulneró la vida de la gente tanto en Ucrania como en Rusia, se los sacó de su normalidad, quedaron vidas rotas, mucha gente quedó sin nada, incluso sin sus propios papeles. Los que quedaron en Ucrania están sin luz, con las necesidades básicas insatisfechas, sin trabajo, con complicaciones en la alimentación, sin poder hacer trámites. Es una sociedad alterada por el conflicto donde es muy compleja la supervivencia. Escuchan bombas permanentemente, viven con miedo«, explicó Garone.
En sus informes acerca de la violación de derechos en el conflicto bélico, Amnistía Internacional denunció que los ataques de Rusia contra la infraestructura civil ucraniana «son ilegítimos».
«La moral de la población civil no es un blanco legítimo, y llevar a cabo esos ataques con el único propósito de aterrorizarla es un crimen de guerra. Los responsables de ordenar y cometer estos ataques criminales deben ser sometidos a rendición de cuentas», aseguraron desde la organización y recordaron que en varias ocasiones las autoridades ucranianas anunciaron cortes energéticos en todo el país como consecuencia de los graves daños provocados por los ataques rusos.
Además, las autoridades ucranianas instaron a la población de todo el país a reducir el consumo eléctrico diario entre las 7 y las 23, y limitaron el encendido del alumbrado público.
En diciembre, las autoridades de Ucrania dijeron que más del 50% de las personas usuarias de energía del país tenían cortado el suministro de electricidad.
Otra de las problemáticas que alertaron desde Amnistía en sus informes es la situación de los adultos mayores, ya que en Ucrania las personas mayores de 60 años representan casi una cuarta parte de la población.
«Las personas de más edad son desproporcionadamente vulnerables a los ataques: según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que recaba datos sobre víctimas civiles en Ucrania, las personas mayores de 60 años son el 34% de la población civil que ha muerto», advirtieron.
Amnistía denunció también que soldados rusos sometieron a civiles ucranianos a un proceso de abuso contra los derechos conocido como «filtración«, que es cuando las personas ucranianas desplazadas acaban involuntariamente dentro de Rusia o de territorios ocupados por Rusia.
«El proceso abusivo y humillante conocido como ‘filtración’ es una violación atroz del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La deportación y el traslado forzoso de civiles a territorio ocupado están prohibidos por el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Someter a la población civil desplazada a los abusos de la ‘filtración’ es cínico y cruel», manifestó Marie Struthers, directora de Amnistía para Europa Oriental y Asia Central.
Por último, Garone aseguró que es «muy incierto» el futuro de las personas que quedaron atrapadas en el conflicto, a un año de su inicio.
«Es muy incierto el futuro de las personas, pensaban que podían volver a sus casas en poco tiempo y lo que menos esperaban era que no iban a poder volver a sus hogares en un año o quizás nunca», sostuvo.
«Guerras hay y hubo muchas pero debemos seguir insistiendo en el andamiaje internacional que exige que los estados no utilicen la fuerza para resolver los conflictos. Tenemos que fortalecer la comunidad global para mediar y que esto no vuelva a pasar», concluyó Garone.
