La Corte Suprema de Justicia inicia este jueves el año judicial con la primera reunión de acuerdo, en un contexto determinado por el pedido de juicio político que sostiene el oficialismo en el Congreso contra los cuatro miembros del máximo tribunal.
La reunión presencial, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, se da bajo las repercusiones de la filtración de las conversaciones virtuales entre Silvio Robles, mano derecha del presidente del tribunal, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.
En ese intercambio, filtrado a fines del año pasado, el principal colaborador del supremo Horacio Rosatti y el ministro de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta coordinaban y comentaban la comunicación del conflicto por la designación del senador oficialista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, lugar que reclama el senador opositor de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez.
«En 5 te paso letra para que vos lo muevas», escribió Robles en uno de los intercambios con el funcionario porteño, y luego adjuntó un largo texto con las presuntas razones por las cuales el oficialismo no podía elegir a Doñate como su representante.
Todo indica que los coletazos de ese escándalo entre la oficina de Rosatti y el ministerio porteño en una disputa político-judicial se tratarán en la reunión de acuerdo.
Las disputas internas y la agenda de la Corte
En términos institucionales, el cierre de la investigación sobre los chats en tiempo récord y durante la feria del juez federal Sebastián Ramos, sobre un dictamen exculpatorio del fiscal Carlos Stornelli, clausuraría el tema, aunque el asunto sigue vigente en la interna del alto tribunal.
No es un secreto en tribunales que Ricardo Lorenzetti cuestionó los manejos de Robles desde que Rosatti llegó a la presidencia y la reunión de este jueves aparece como un espacio ideal para socavar al colaborador de Rosatti si así lo decide.
Más allá de la conducta de sus miembros, el tribunal supremo tiene una agenda de alto impacto en lo inmediato, que involucra la coparticipación de impuestos que recibe la ciudad de Buenos Aires y la distribución política de las bancas en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y remueve jueces.
En cuanto a la coparticipación, la Corte falló en diciembre pasado a favor de la Ciudad en su disputa por los fondos con la Nación y elevó su participación al 2.95 por ciento de los fondos distribuibles.
El Gobierno recurrió inmediatamente la decisión y solicitó que el tribunal se forme con conjueces que no hayan participado del fallo y sobre esos pedidos tiene pendiente una definición la Corte.
Sobre el conflicto en el Consejo de la Magistratura, la Corte definió que la separación del bloque oficialista había sido un «ardid» para tener más representantes y que por tanto la banca correspondía a la oposición.
El oficialismo ratificó su designación de Martín Doñate y como respuesta la Corte dejó pendiente el juramento de los cuatro senadores, con lo cual todavía está pendiente de integración el órgano que selecciona y eleva ternas de jueces al Poder Ejecutivo.
El conflicto de poderes se agudizó en las últimas horas para Rosatti cuando la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó una recusación en contra del magistrado con la convicción de que, como presidente del Consejo, no puede intervenir porque sería «juez y parte».
