‘Se están juzgando siete años de decadencia institucional’
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que los testimonios presentados este jueves en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados demostraron que hay «siete años de decadencia institucional» en el máximo tribunal y afirmó que «hay diversos sectores afectados por su mal funcionamiento».
«Estamos frente a un juicio político que no es coyuntural, se están juzgando siete años de decadencia institucional. Hay múltiples causas presentadas por mal desempeño y hay diversos sectores de la sociedad afectados por el mal funcionamiento de los magistrados de la Corte Suprema», indicó Soria en declaraciones para El Destape Radio.
Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados ratificaron en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus denuncias contra los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.
Tras esas exposiciones, la comisión dará otro paso sustancial el próximo jueves, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para lo cual el oficialismo podrá imponer su criterio con la mayoría que ostenta en ese grupo parlamentario, de 16 sobre 31 integrantes.
En esta línea, Soria aseguró que este jueves se expusieron las «múltiples causas» por el mal desempeño de los integrantes de la Corte y que demostró que «no es el Gobierno atacando a la Corte».
«En Brasil fueron los propios jueces de la Corte Suprema los que anularon la investigación de Sergio Moro, acá es la propia Corte Suprema la que está generando esta degradación institucional», sostuvo.
Por otro lado, se refirió a la decisión del juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, que determinó que la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido, Río Negro, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín, se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en la justicia federal de Bariloche, como ocurrió hasta ahora.
«Comodoro Py está aplicando su típica doctrina autodefensiva absolutamente ilegal, en donde cualquier delito federal cometido por un juez debe ser investigado por sus propios colegas de Comodoro Py. Una locura», sostuvo.
Al respecto, el funcionario consideró que «intentan prender la aspiradora para llevarse todas las causas que los involucren», como lo han hecho con otras causas.
«Esta causa tiene varias medidas de pruebas. Todo eso está en San Carlos de Bariloche y Comodoro Py una vez más prende la aspiradora para garantizar la impunidad al macrismo y de ellos mismos», señaló
Asimismo, sostuvo que la decisión de traspasar la causa muestra que «los chats evidentemente son reales» y que «por eso están desesperados».
