Jefe comunal denunció ‘persecución’ del Gobierno de Gerardo Morales
El intendente de la ciudad jujeña de Perico, Luciano Demarco, denunció este miércoles ser objeto de una «persecución» impulsada por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, al defenderse de una suspensión y juicio político en su contra por denuncias relacionadas con la supuesta usurpación de un espacio verde y con otras acciones dentro de su plan de gestión municipal.
El jefe comunal criticó que se busca generar «odio» y «borrar» el proyecto político que representa -el partido VIA-, también expuso «intereses» del Ejecutivo local en el municipio, mientras que negó las acusaciones en su contra y marcó supuestas irregularidades en el proceso para destituirlo, respecto al cual hizo una presentación judicial en las últimas horas.
«Se vende a Jujuy como provincia ejemplo de desarrollo, paz y sana democracia, pero en Perico como municipio, y también desde VIA como proyecto político provincial, vemos violencia institucional, operaciones mediáticas y distorsión de la realidad», sostuvo Demarco al abrir una conferencia de prensa.
«El odio que se viene generando contra este proyecto político es por defender, por ejemplo, Finca El Pongo -de administración estatal-, que sabemos que el gobernador Gerardo Morales tiene intereses puestos ahí, en Cannava, sin rendirle cuentas a nadie. No hay órgano de contralor que diga que se está haciendo allí y en otros proyectos que están dentro de la jurisdicción», acusó el jefe comunal.
En tanto, dijo que la persecución se da también porque viene levantando la voz en exigencia de una «ley de coparticipación municipal, que prometió el Gobernador en el año 2015» y reprochó que todos los intendentes están «ahorcados financieramente».
Pedido de inconstitucionalidad
Asimismo, informó la presentación ante la justicia local de un pedido para que se declare la inconstitucionalidad de una sesión especial convocada el 5 de enero pasado en el Concejo Deliberante de Perico, en la que se aprobó su suspensión por 180 días y la promoción del juicio político.
Al respecto, detalló que recién el pasado viernes 27 de enero recibió formalmente una nota en la que se lo ponía en conocimiento de lo aprobado en la sesión de principios de mes y en otras que vinieron luego para la formación de la comisión de juicio político, la designación de sus representantes y de los miembros del jurado.
«Es un escándalo que primero te condenen y luego te investiguen. El Concejo no ha cumplido con respetar y hacer respetar el derecho de defensa de cualquier ciudadano», acotó sobre las «irregularidades» por las que piden quede anulado todo el proceso en su contra.
Respecto a la denuncia por usurpación, explicó que tiene que ver con un espacio verde en el frente de su domicilio, en un barrio residencial, el cual desde siempre ha venido «cuidando».
«El argumento es que usurpé un espacio verde, cosa que no es cierta y eso lo debe definir la justicia», sentenció.
Finalmente, apuntó contra acusaciones referidas a la posibilidad de emitir comodatos desde el municipio, en torno lo cual avanzó en comparar su gestión con la del intendente anterior, que dio «cientos de comodatos», y solo refirió cambios para intentar «un mejor orden».
Sobre la suspensión, la abogada Sara Cabezas argumentó que «no se siguieron los canales previstos en la carta orgánica municipal».
«Lo sancionaron sin respetar sus derechos y se pretendió luego dar legalidad a lo que ya se tenía decidido», resumió.
