Desde hace una semana, veintitrés familias del barrio Padre Carlos Mugica, en la zona de Retiro, duermen con colchones en la calle, expuestas a la lluvia y a «la inseguridad», mientras aguardan respuestas del Gobierno porteño sobre la situación de sus viviendas que resultaron afectadas por una demolición en el marco del Plan de Urbanización, que incluso incendió por completo uno de los inmuebles.
«Es muy doloroso perder todas tus cosas: los recuerdos de tus hijos, lo vivido ahí, las cosas que me he comprado con tanto sacrificio. Y en un error del gobierno tiraron todo. No estamos pidiendo algo que no nos corresponde, estamos pidiendo nuestras casas», dijo a Télam María Isabel Báez, una vecina del barrio cuya casa sufrió un incendio.
Rodeados de pedazos de ladrillos, cemento, comida y colchones que les fueron donados, las 23 familias, entre quienes hay mujeres embarazadas y niños, viven y duermen en la calle, debajo de la autopista Arturo Illia dentro del Barrio Padre Carlos Mugica.
«Estamos acá, en el bajo de la autopista todos juntos, en la misma situación, sin respuesta. Sin seguridad de que estén bien nuestras casas. No nos dieron respuesta de cuándo podríamos volver», contó Gladis Zunilda Espinoza Sanabria (33), que vivía con sus dos hijos de 15 y 9 años y su madre, de 50, en una de las viviendas afectadas.
La demolición errónea
Hace exactamente una semana, alrededor de las 14 la empresa Villarex SA, contratista del Gobierno porteño para los trabajos de demolición de viviendas, tiró abajo una losa como parte del Plan de Urbanización pero terminó provocando el derrumbe de otra losa lindera, lo que afectó a otras casas habitadas por casi 30 familias.
A partir del derrumbe, las personas fueron evacuadas y tres horas más tarde se desató un incendio -cuyo origen aún se desconoce- en la planta baja de una de las viviendas que dañó por completo ese inmueble donde vivían María Isabel Báez, su esposo y sus hijos.
«Desde que pasó esto no comparto más con mis hijos. Los tengo en casas ajenas porque tengo miedo acá: el barrio no es seguro y yo estoy viviendo en la calle», dijo la mujer, que quiere mostrarse «fuerte» frente a ellos, pero siente que ya no puede porque está «muy triste» y cansada producto de una discapacidad que tiene.
En tanto, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires está otorgando a las familias comida y productos de higiene, según contaron a Télam.
Si bien en un primer momento había colocado un baño químico, luego lo quitó y dispuso el uso de uno en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) donde también las familias pueden dormir, pero el problema es que tiene una capacidad limitada a 10 personas.
Cuando ocurrió el incidente, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció a las familias alojarse en hoteles o Centros de Integración Social, pero por miedo a sufrir robos en sus casas y como algunas de ellas tienen mascotas, la mayoría decidió vivir en la calle, cerca de sus viviendas.
Cuatro vecinos, acompañados por el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del barrio, legisladores y otros organismos, se acercaron el viernes pasado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 para radicar una denuncia por lo ocurrido.
«Nos recibió, en nombre de la Fiscalía N° 12 la señorita Delfina Erecart y nos comunicó, sin darnos ningún argumento válido, que no les iba a tomar la denuncia a los vecinxs y que la Fiscalía ya había actuado de oficio», dijo a Télam Javier Martínez, coordinador del CAJ del barrio Güemes, ubicado dentro del Padre Carlos Mugica (ex Villa 31).
También comentó que «ante la insistencia de querer dejar radicada la denuncia, la respuesta fue: que era fecha de feria, que estaban de guardia y que en los próximos días, quizás los citarían para que puedan declarar».
En la mañana del miércoles, un muchacho de unos 20 años cortaba maderas de un cajón de verduras para reavivar un fuego, mientras un hombre de unos cuarenta años picaba morrones, cebollas y papas y los arrojaba dentro de una olla grande para cocinar un guiso de verduras y pollo para los vecinos, mientras al lado se formaba una ronda con las familias afectadas, legisladores del Frente de Todos y distintos organismos.
«Estamos a la espera de cuál va a ser el operativo que disponga hoy la UPE (Unidad de Proyecto Especiales, a cargo de Tomás Galmarini). Hasta el momento no se presentó ni con los vecinos ni con nosotros», expresó a Télam la legisladora porteña por el Frente de Todos, María Bielli, quien se encontraba junto a los diputados Lucía Cámpora y Javier Andrade en la ronda.
El martes, Nicolás Buitrago, defensor interino a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, interpuso una medida cautelar ante el Ministerio Público Fiscal, en la que pidió la reconstrucción inmediata de las viviendas afectadas o proporcionar alternativas habitacionales a corto plazo, entre otros reclamos.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño informaron a Télam que “una vez que la Guardia de Auxilio verifique el estado de las estructuras y brinde la autorización necesaria para un ingreso a las viviendas libre de cualquier riesgo, las familias podrán regresar a sus hogares de forma inmediata».
También sostuvieron que cuando esto suceda, acompañarán «el ingreso de las familias para relevar y evaluar tanto el estado de las viviendas como de las pertenencias de sus habitantes».
Mientras tanto, los vecinos advierten que viven «con miedo» y en una situación «de inseguridad» y aguardan la reunión que tendrán en las próximas horas con la UPE.
«El lunes abrieron del otro lado del pasillo y robaron un motorcito de agua en nuestra casa y en otra, un televisor», dijo Gladis, al tiempo que contó que «hubo tiroteos» y que se sienten «inseguros porque estamos con los chicos».
«Vienen, toman nuestros datos y se van. Nosotros queremos directamente una respuesta», concluyó la mujer.
