La investigación que lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas en la causa Primer Cuerpo de Ejército permitió «corroborar» que el Regimiento de Infantería de Patricios «efectivamente había sido un centro clandestino» durante la dictadura militar y alertó a la comunidad de Trenque Lauquen por la imputación del represor Héctor Sergio Mónaco, oriundo de esa ciudad.
El año pasado, el juzgado pudo avanzar en la causa 14.216/2003, conocida como Primer Cuerpo de Ejército, debido a la recopilación de testimonios brindados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre víctimas que habían declarado haber estado secuestradas en esa unidad militar del barrio porteño de Palermo durante la última dictadura.
En tanto, el 21 de septiembre de 2022 se realizó una prueba ocular con sobrevivientes que reconocieron el predio del Regimiento de Patricios, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Luis María Campos, como el sitio de sus cautiverios. «Esa inspección permitió corroborar que ese lugar efectivamente había sido un centro clandestino», afirmó en diálogo con Télam el abogado querellante de la causa, Pablo Llonto.
En noviembre pasado, Rafecas dictó la detención de ocho imputados: Jorge Rubén Farinella, Ramón Manuel Vega, Carlos Washington Urqueta, Héctor Sergio Mónaco, Héctor Roberto Ranfagni, Miguel Ángel Ciruzzi, Alfonso Agustín Reuther y Hugo López.
Los represores fueron integrantes de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería 1 de Patricios, que habría ejercido la jefatura de lo que fue el Área Geográfica II de la Zona I del Primer Cuerpo de Ejército.
Todos recibieron prisión domiciliaria, con excepción de Ciruzzi que adujo problemas de salud y la orden sobre él no llegó a concretarse.
A los detenidos, que ya fueron indagados, se les imputó la supuesta intervención en la privación ilegal de la libertad de 96 personas y la aplicación de torturas a diez de ellas.
«El juez, primero, hizo una recopilación de los casos para ver quiénes estuvieron secuestrados en el Regimiento de Patricios. Y segundo, para ver quiénes fueron secuestrados en el área geográfica que tenía a su cargo el Regimiento».
Ricardo Alberto «Riki» Frank Huarte y Sergio Antonio «Yoyi» Martínez Giménez, oriundos de Trenque Lauquen, fueron secuestrados en el departamento en el que vivían en el barrio de Palermo, en noviembre de 1978, y forman parte de las 96 víctimas.
La hermana de Ricardo e integrante de la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen, Lidia Frank, afirmó en diálogo con Télam que el conocimiento de la detención de Mónaco «cayó como una bomba de agua fría» en esa ciudad y motivó la realización de un comunicado para repudiar al represor, ya que tanto él como dos de sus víctimas son nativos del lugar.
Además, Frank señaló que conoció a Mónaco en su adolescencia: «Éramos amigos, íbamos a su casa. Yo conocía al padre y a la madre». En tanto, afirmó que posteriormente le perdió «el rastro cuando él se vino a estudiar al Colegio Militar».
A la vez, confió que el imputado también conocía a su hermano y a «Yoyi», aunque desconoce el grado de participación que pudo haber tenido en sus desapariciones. Próximamente, pedirá convertirse en querellante de la causa para, así, tener acceso al expediente, que se encuentra bajo secreto de sumario.
«Cualquier persona que camina al lado tuyo puede haber sido alguien que haya tenido que ver con la represión que hubo en nuestro país. Sé por testimonios de sobrevivientes que mi hermano estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Lo que no sé es si antes los llevaron al Regimiento de Patricios o si los llevaron directamente a la Escuela de Mecánica», señaló Frank.
Consultado por este caso, Llonto aclaró que aunque a Ricardo Frank pudieron «haberlo llevado a la ESMA» consta en el expediente que su secuestro «fue dado en el lugar que tenía el manejo el Regimiento de Patricios».
«Entonces tuvieron que haber actuado u otorgar zona liberada para que actuara otro grupo de tareas», apuntó. En esa línea, el abogado afirmó que «todo indica» que el Regimiento de Patricios fue «un lugar de cautiverios no extensos», pero aclaró que tampoco era un sitio de mero «tránsito».
Además, indicó que «hay decenas de centros clandestinos que todavía no han tenido su juicio» y apuntó contra «la lentitud de las causas» como el principal motivo.
Al respecto, adelantó que durante este año junto al resto de abogados de causas de lesa humanidad presentarán un proyecto de ley «para que se aceleren» esos procesos judiciales.
