El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, aseguró este viernes que «con el devenir de pruebas contundentes», el oficialismo podría sumar mayores respaldos a favor del juicio político contra a los jueces de la Corte Suprema, como ocurrió en 2003 cuando Néstor Kirchner impulsó el enjuiciamiento de los integrantes del máximo tribunal.
Valdés presentó formalmente en las últimas horas el proyecto de resolución para abrir en el Congreso el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones, en base al documento impulsado días atrás por el presidente Alberto Fernández y algunos gobernadores.
En declaraciones a Télam, el legislador del FDT consideró que «si bien somos minoría porque la oposición dice que no dará quórum, con el devenir de las pruebas contundentes» el oficialismo «podría sumar mayores respaldos y construir mayorías» para avanzar en el juicio político contra los integrantes del máximo tribunal.
«Lo que ellos no quieren es que empecemos el juicio, que va a ser público y televisado de cara a la sociedad», afirmó el legislador, quien presentó esta mañana junto a un grupo de legisladores del FDT el proyecto de resolución de 410 páginas con las causales del juicio político a los miembros del máximo tribunal.
Recordó que «cuando Néstor se sintió amenazado por (Julio) Nazareno en 2003 porque no quería que se derogaran la ley de Obediencia Debida y Punto Final para juzgar a los militares, el presidente, que había llegado al poder con el 22 por ciento de los votos, a partir de que comenzó el proceso y las pruebas fueron contundentes, avanzó el juicio y 3 de ellos renunciaron y dos siguieron hasta el final el proceso y su destitución».
En ese sentido, el legislador precisó que a partir de ahora y tras la convocatoria a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo, que incluyó el debate de este proyecto, la comisión de Juicio Político, que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) podría citar para los próximos días a los diputados para comenzar a avanzar en el proceso.
En línea con lo solicitado por el Presidente y gobernadores de provincias, anoche fue ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto de resolución por el que se promueve el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
El nro. de expediente es 6905-D-2022. pic.twitter.com/KkCn61m4mV
— Diputados de TOD☀S (@Diputados_Todos) January 13, 2023
Valdés justificó su presentación, al sostener que el planteo del presidente «tiene que ser sustentado por los diputados» y precisó que en el texto están planteadas cuatro causales de mal desempeño, entre ellos, el fallo sobre la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, el del Consejo de la Magistratura, así como el caso «Muiña», por el cual los jueces de la Corte dispusieron que en casos de lesa humanidad se aplicara el criterio del 2×1 para otorgarles la libertad a los condenados.
También, el texto de los diputados suma planteos de irregularidades en la obra social de los trabajadores judiciales, que no estaba en el documento impulsado por el presidente y los gobernadores.
Coparticipación y Consejo de la Magistratura
En el caso de la coparticipación, Valdés consideró que la Corte «se autoatribuye funciones legislativas y constituyentes» y dijo que «toma decisiones sobre una ley que dicta el Congreso de la Nación y sobre una cuestión que el Congreso derogó, vulnerando funciones legislativas», al sostener que la Constitución «le atribuye sólo al Parlamento resolver las cuestiones vinculadas a la coparticipación».
Según el legislador, «otro tema grave es que los gobernadores son los únicos agentes naturales del gobierno federal, de acuerdo a la Constitución, y por lo tanto deben ser oídos en todas estas cuestiones y la Corte no los consultó. Eso muestra la parcialidad de este tribunal, ya que sacó el fallo sin contestarle a los mandatarios».
Finalmente, y sobre el fallo del máximo tribunal en torno a la integración del Consejo de la Magistratura, Valdés consideró que se trata de «una barbaridad única en el mundo que la Corte haga revivir una ley que había sido derogada por el Congreso; no está en ninguna jurisprudencia mundial».
