A tres meses de los comicios presidenciales de Brasil que ganó Lula da Silva por una estrecha diferencia con la ultraderecha, la irrupción de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro el domingo en edificios gubernamentales de Brasilia causó daños irreparables en el patrimonio histórico cultural de ese país, una destrucción que «implica una clausura», «la desaparición de una narrativa que sustenta identidades», reflexionó Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos de la Argentina.
«Partiendo de la idea de que el patrimonio es un derecho colectivo que nos involucra y compromete como comunidades en su salvaguarda, es indudable que su destrucción implica siempre un borramiento, una clausura», aseguró Capano en una entrevista publicada en https://www.argentina.gob.ar, el portal colaborativo de quienes trabajan en la gestión pública del gobierno nacional.
Para Capano «es una manera de visibilizarse», destruir bienes patrimoniales «tiene una implicancia que a veces no se logra entender en su magnitud», si bien «el intento de golpe de Estado fracasó, implementó la destrucción de edificios y objetos de arte», por lo que puede pensarse «que no fracasó».
El domingo 8 de enero simpatizantes de la ultraderecha bolsonarista perpetraron «un patrimonicidio, el atentado terrorista por parte de las fuerzas antidemocráticas se alzó contra el sistema moderno de construcción que representa Brasilia».
«Lo que ocurrió deja de ser un atentado contra el pueblo brasileño y su patrimonio cultural para convertirse en un crimen contra la humanidad -señaló la funcionaria-. Los delitos contra el patrimonio cultural son delitos graves contra los derechos humanos, tal como reconoció la Declaración sobre la destrucción intencional del patrimonio cultural de Naciones Unidas de 2003».
El documento establece que «el patrimonio cultural es un componente importante y clave de la identidad de las comunidades, los grupos y las personas; y sobre todo un vehículo virtuoso de cohesión social».
Por lo tanto su destrucción «es un crimen sujeto a juicio por la corte penal internacional, que en 2016 tuvo un precedente histórico al condenar por crímenes de guerra a quien había destruido el patrimonio de Tombuctú, Mali», subrayó.
Construida en 1956, Brasilia representa un hito en la historia de la planificación urbana, cada elemento, desde las estructuras residenciales y administrativas hasta la simetría de los edificios, estuvo en consonancia con un proyecto general de ciudad, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
«Incalculable», fue el término que usaron especialistas y medios masivos de comunicación para estimar «el costo de la destrucción el domingo último de edificios y obras de arte en Brasilia», ciudad inaugurada como la capital brasileña en 1960, diseñada por Oscar Niemeyer en forma de aeroplano: el fuselaje es el Eje Monumental, dos avenidas amplias rodean un parque enorme y en la cabina está la Plaza de los Tres Poderes, llamada así por las tres ramas del gobierno que la rodean: el Congreso, el Supremo Tribunal de Justicia y el Palacio de Planalto.
Las piezas dañadas por los bolsonaristas incluyen obra de elogiados artistas como Emiliano Di Cavalcanti, Jorge Eduardo y Bruno Giorgi, además de un reloj de Balthazar Martinot, de los cuales solo hay dos en el mundo. «Las Mulatas» de Cavalcanti, por ejemplo, exhibidas en el Salón Noble del Palacio de Planalto, valuadas en un piso de 1,5 millones de dólares y un techo de ocho millones.
