Involucran a Milman en la creación de una ‘sociedad pantalla’
Un juez nacional del fuero comercial decretó la intervención en grado de veeduría de la sociedad de acciones simplificada Salvattore Group -firma creada por dos asesores del diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman- a la cual la Inspección General de Justicia (IGJ) le detectó una decena de supuestas irregularidades que motivaron una presentación judicial.
El magistrado Daniel Frick nombró como interventora a la abogada Anahí Cordero, a quien le asignó la tarea de producir «un informe mensual sobre el giro social de Salvattore Group S.A.S. durante un término de seis meses, contado desde la aceptación del cargo», según surge de la resolución a la que accedió Télam.
Salvattore Group había quedado en la mira de la IGJ luego de ser mencionada en distintos medios de comunicación como una «sociedad pantalla» que pudo haber sido creada para movilizar, a través de testaferros, dinero del diputado Milman, que este no podría justificar.
Salvattore Group S.A.S se constituyó en septiembre del 2017 y no comenzó sus operaciones comerciales hasta junio del 2019, carece de capital social, no tiene objeto preciso y determinado ni tampoco sede social correctamente inscripta, según surge de la presentación judicial oportunamente realizada por la IGJ
Se trata de información que tomó estado público después de que el nombre del diputado nacional de Juntos por el Cambio apareció en la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: un testigo, asesor del oficialismo en el Congreso Nacional, dijo que escuchó a Milman referirse a un posible atentado antes de que ocurriera.
La decisión del juez Frick se dio en el marco del expediente que se inició luego de que la IGJ promovió una demanda por nulidad de Salvattore Group S.A.S., solicitando su consecuente disolución y liquidación, acción que ese organismo dirigió también contra los socios del ente, Carolina Elizabeth Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga.
En noviembre del 2022, la IGJ inició un expediente administrativo «debido al hecho de trascendencia pública sucedido el 1º de septiembre con el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación y, posteriormente, por la posible relación -que también tomó estado público- de algunas actuaciones del diputado nacional Gerardo Milman y de una de sus colaboradoras en el Congreso de la Nación, Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, pasibles de ser vinculadas con el señalado atentado», según se informó.
La firma se encuentra en mora en la presentación de sus balances y estados contables de los últimos tres años ante la IGJ y no habilitó debidamente ninguno de los libros sociales exigibles a cualquier sociedad comercial
«A raíz de las actuaciones sumariales, la IGJ comprobó más de media docena de irregularidades documentales y societarias de ´Salvattore Group Sociedad por Acciones Simplificada´, cuyos socios formales resultaron ser Carolina Elizabeth Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga, ambos ligados a Gerardo Milman; la primera por ser su asesora parlamentaria y empleada del Congreso de la Nación, y, el segundo, por estar contratado por el propio Milman para realizar funciones en la Cámara Baja del parlamento argentino», explicaron desde el organismo.
«Por ello, toda vez que lo constatado por el organismo evidenciaba que se trataba de una ´sociedad pantalla´, en la Resolución Particular 1368/2022 del 28 de Noviembre de 2022, la IGJ dispuso la promoción, en forma inmediata, de las acciones judiciales de nulidad contra ´Salvattore Group SAS´, requiriendo, preventivamente, las medidas cautelares que resulten procedentes», señalaron.
Salvattore Group S.A.S se constituyó en septiembre del 2017 y no comenzó sus operaciones comerciales hasta junio del 2019, carece de capital social, no tiene objeto preciso y determinado ni tampoco sede social correctamente inscripta, según surge de la presentación judicial oportunamente realizada por la IGJ.
Además, la firma se encuentra en mora en la presentación de sus balances y estados contables de los últimos tres años ante la IGJ y no habilitó debidamente ninguno de los libros sociales exigibles a cualquier sociedad comercial.
