Un proyecto de ley que pretende establecer la inhibición, recusación y excusación de jueces que, a priori, tuvieran una posición contraria a la perspectiva de género, obtuvo dictamen de mayoría de los legisladores del Frente de Todos (FdT) que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores.
La iniciativa que modifica varios artículos del Código Procesal Penal de la Nación, el Código Procesal Penal Federal y la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres lleva la firma de la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.
El artículo 1 del proyecto establece que es causal de recusación para el magistrado que «manifieste judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utilice discursos de odio, o no respete y haga respetar la ley de identidad de género».
En los fundamentos de la medida se establece que los magistrados que «adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones».
Además, se señala que «el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso».
«Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio», señala en sus fundamentos el proyecto de ley.
El debate del tema no contó con la presencia de los senadores de Juntos por el Cambio, lo que fue cuestionado por el presidente de la Comisión, el oficialista neuquino Oscar Parrilli.
«Es difícil trabajar así sin el bloque opositor. Hay una desidia y una actitud infantil en el bloque de la oposición«, indicó.
Tras las críticas de Parrilli aparecieron en el Salón Arturo Illia del Senado dos legisladores de Juntos por el Cambio: el fueguino Pablo Blanco y la mendocina Mariana Juri, que se retiró a los pocos minutos.
«Es necesario y urgente este proyecto», expresó la autora de la iniciativa quien agregó que «esto no tiene nada que ver con lo que dice la oposición de que sólo tratamos la agenda judicial de la vicepresidenta» Cristina Fernández de Kirchner.
Para Fernández Sagasti, «este proyecto no es una solución para las violencias, pero sí una forma de sentirnos protegidas».
«Si un juez no incorpora la perspectiva de género, no está impartiendo justicia», agregó la senadora mendocina para luego calificar al Poder Judicial como «patriarcal y misógino».
Según Fernández Sagasti, «muchos jueces firman sentencias homofóbicas y transfóbicas», al tiempo que detalló «la principal garantía para las mujeres y para el colectivo LGBTIQ+ es la imparcialidad».
A su turno, la bonaerense Juliana Di Tullio, quien no pertenece a la Comisión pero hizo uso de la palabra, cuestionó que «el único Poder que no se modificó en estos últimos 40 años desde la recuperación de la democracia fue el Judicial».
«La Justicia está muy lejos de la sociedad en general. Las mujeres necesitamos una justicia feminista», sentenció.
