El procurador interino Eduardo Casal respaldó ante la Corte Suprema de Justicia la queja por la suspensión del proceso de quiebra del “Correo Argentino S.A.”, dictada en segunda instancia.
En mayo pasado, la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dio lugar al pedido de los abogados de Correo Argentino para suspender el proceso de quiebra hasta tanto se dirimiera una cuestión de competencia.
La fiscal del proceso, Gabriela Boquin, recurrió la decisión por considerar que se había “omitido” la intervención del Ministerio Público Fiscal y por tanto la suspensión era ilegal.
Casal, jefe de los fiscales, apoyó en su dictamen firmado el jueves pasado los argumentos de Boquin en cuanto a que suspender el trámite, que ya lleva más de veinte años en los tribunales, “implica una dilación indebida, viola la garantía de plazo razonable y supone una privación de justicia”.
El procurador general, quien asumió durante el macrismo por la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, hizo suyo el argumento de Boquin, quien mencionó en su momento que el fallo “contradice resoluciones anteriores de la propia Sala y peticiones de la concursada afectándose el principio de congruencia”.
“Estimo que omitir dar vista al Ministerio Público Fiscal, con carácter previo a dictar la resolución que ordenó la suspensión del proceso falencial, afectó sus competencias fijadas en la Constitución Nacional”, señaló inequívocamente Casal.
Ahora, la Corte Suprema, sin plazo ni obligación de seguir la postura de Casal, deberá fallar y levantar la quiebra o sostener la suspensión como pidieron los representantes de la familia Macri, beneficiaria de la concesión del servicio de correos.
