Al menos 200 personas murieron, entre ellas 23 menores, en la represión iraní durante las más de tres semanas de protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda detenida y bajo custodia de la policía de la moral por incumplir el estricto código de vestimenta para las mujeres, según la ONG Irán Human Rights (IHR), con sede en Oslo.
La ONG actualizó este jueves su recuento para dar cuenta de 201 víctimas mortales, repartidas en 18 provincias. Solo en Sistán y Baluchistán fallecieron 93 personas, mientras que en Mazandarán murieron otras 28.
En el Kurdistán iraní, IRH informa de 14 muertes, si bien aún debe determinar «la magnitud de la represión» durante las protestas de estos últimos días, especialmente en la ciudad de Sanandaj.
En este sentido, denunció cortes en el servicio de Internet que complican la obtención de información.
El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, se refirió hoy por segunda vez a las últimas protestas para volver a señalar a las grandes potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, como instigadores de las movilizaciones que tienen como principales protagonistas a las mujeres.
Jamenei dijo que se trata de una respuesta «torpe» de los gobiernos extranjeros a los avances de la república islámica, pero llamó a las autoridades locales a no dejarse distraer por lo que considera «pequeños incidentes».
El Gobierno endureció recientemente el control para que las mujeres cumplieran con el código islámico, lo que multiplicó en los últimos meses las denuncias por el uso excesivo de la fuerza
Asimismo, exhortó a distinguir entre los verdaderos cerebros de las protestas, «elementos del enemigo», y la población que se habría visto «provocada» a sumarse, según un discurso recogido por la cadena de televisión estatal y reproducido por la agencia de noticias Europa Press.
El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, instó en un comunicado a la comunidad internacional a dar una «respuesta inmediata» para «prevenir más muertes en el Kurdistán».
Los detenidos en el marco de estas protestas también se cuentan por cientos y, aunque no hay balances claros, las autoridades sí informaron hace unos días que son más de 1.800, aunque las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos estiman que la cifra real es mayor.
Las autoridades judiciales informaron sobre la imputación de más de un centenar de presuntos «alborotadores».
Según el portal del sistema judicial, Mizan, unas 60 personas fueron imputadas en Teherán y otras 65 en Hormozgán, aunque no han trascendido los detalles de los cargos.
Las protestas estallaron el 16 de septiembre, cuando Amini murió tres días después de caer en coma, tras haber sido detenida en Teherán por la policía de la moral, por una supuesta infracción del estricto código de vestimenta de las mujeres.
El Gobierno del presidente conservador Ebrahim Raisi endureció recientemente el control para que las mujeres cumplieran con el código islámico, lo que multiplicó en los últimos meses las denuncias por el uso excesivo de la fuerza ejercido por la policía de la moral.
La violencia en Zahedán, en tanto, estalló el 30 de septiembre durante unas protestas que surgieron después de que una adolescente denunciara que un comandante de la policía de la región la había violado.
