El gobierno español anunció una rebaja del impuesto sobre la renta para las clases medias y los salarios bajos con el fin de compensar los efectos de la inflación, y confirmó además la creación de un tributo temporal, excepcional y «solidario» para los contribuyentes más ricos.
La rebaja fiscal beneficiará a las personas con un salario inferior a 21.000 euros al año, es decir, a uno de cada dos contribuyentes, precisó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La suma total del recorte se estima en 1.900 millones de euros a lo largo de dos años, dijo.
El gobierno también confirmó la creación de un impuesto temporal y excepcional para los contribuyentes más ricos, con el fin de financiar las medidas introducidas por el Ejecutivo para mitigar el impacto de la creciente inflación.
El «impuesto de solidaridad a las grandes fortunas», que estará en vigencia en 2023 y 2024, afectará a las personas que dispongan de un patrimonio neto calculado en 3 millones de euros o más.
Este «impuesto de solidaridad a las grandes fortunas», que estará en vigencia en 2023 y 2024, afectará a las personas que dispongan de un patrimonio neto calculado en 3 millones de euros o más, o sea, un 0,1% de los contribuyentes, precisó Montero.
Este gravamen aportará al erario público unos 1.500 millones de euros en dos años.
Los anuncios se producen en plena batalla fiscal entre el gobierno del presidente Pedro Sánchez (PSOE, socialista) y las regiones donde gobierna la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP, derecha conservadora), como Andalucía, consignó la agencia de noticias AFP.
España es un país muy descentralizado en el que las regiones tienen amplias competencias, también en materia fiscal.
El Gobierno ha presentado un paquete de medidas fiscales que incidirán en la justicia social y la eficiencia económica
Objetivo➡️avanzar en un sistema fiscal más justo y reforzar el Estado del Bienestar
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Lo explicamos en este hilo👇🏻 pic.twitter.com/xj5YOzvJey
— La Moncloa (@desdelamoncloa) September 29, 2022
Estas rebajas -que en el caso de Andalucía se refieren sobre todo al impuesto sobre el patrimonio- fueron criticadas por la izquierda, que denunció una política de «dumping fiscal» que rompe el equilibrio entre territorios, en un momento en el que España afronta numerosos gastos.
Frente a la alta inflación para el país europeo, que se redujo al 9% en septiembre después de haber superado la marca del 10% durante tres meses, España multiplicó en los últimos meses las medidas de apoyo al poder adquisitivo de los hogares, como las subvenciones a los combustibles, la reducción del costo de parte de los abonos de transporte público y el aumento de las jubilaciones.
El importe total de estos diferentes planes de ayuda fue evaluado por Sánchez en cerca de 30.000 millones de euros, lo que equivale al 2,3% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
