Marziotta opinó que ‘el lawfare es el Plan Cóndor’ del siglo XXI
La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) por la Ciudad de Buenos Aires Gisela Marziotta opinó que «el lawfare es el plan Cóndor de nuestro siglo» durante una movilización en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que se realizó en la localidad de Libertador General San Martín, en Jujuy.
«Argentinos y argentinas tenemos que unirnos en defensa de la democracia», enfatizó la diputada en diálogo con Radio Nacional de Jujuy, al ser consultada sobre la pena de 12 años prisión para Cristina Fernández de Kirchner que pidió esta semana el fiscal general Diego Luciani en el juicio que se sigue por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Marziotta insistió en que hoy está en juego la democracia y adelantó que presentará un proyecto de ley para tipificar el lawfare en el código penal.
«El lawfare requiere de una complicidad internacional, de una complicidad interna y del Poder Judicial, que en nuestro país está muy desprestigiado porque el 80 por ciento de argentinos y argentinas no cree en la justicia», remarcó.
La movilización bajo el lema «defendemos a Cristina, defendamos la democracia» comenzó a las 18 en la Plaza Belgrano, de la emblemática localidad del departamento de Ledesma, donde en la última dictadura tuvo lugar «la noche del apagón» que dejó más de 50 personas desaparecidas.
Estuvo encabezada por la Diputada Nacional de Jujuy, Carolina Moisés, Marzziota y por la presidenta del Concejo Deliberante de Libertador General de San Martín, Patricia Gutiérrez, según se consignó en un comunicado.
“No dejaron a Cristina que ejerza el derecho constitucional de defensa porque el juicio en sí mismo es una farsa y es una infamia”, aportó Moisés.
La jujeña denunció que «varios medios de comunicación han omitido información sobre el juicio de la obra pública en Santa Cruz y explicó que la asignación proyectos se hicieron una ley que pasó por el Congreso Nacional».
La legisladora recordó que no hubo adjudicación directa sino licitación pública, y que, según la auditoría que hizo el propio gobierno de Mauricio Macri, «no hubo sobreprecios». “Según esa misma auditoría tampoco se consideró que la obra pública en ese periodo fue licitada administrada y ejecutada por la autoridades de provinciales Santa Cruz no por la autoridades nacionales”, puntualizó Moises.
