El conflicto político impide nombrar los reemplazos de los jueces Bruglia y Bertuzzi
El concurso para elegir el reemplazo de los camaristas de traslado Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi está trabado desde agosto en el plenario del Consejo de la Magistratura por diferencias entre el oficialismo y la oposición por la terna a elevar al Poder Ejecutivo.
El concurso 461, convocado para designar dos jueces definitivos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, está terminado y disponible para ser votado en el plenario desde el 7 de febrero.
El examen a los 55 postulantes se tomó el 26 de febrero de 2021 y, casi dos meses después, el diputado consejero Pablo Tonelli presentó las calificaciones y el informe con los antecedentes. En base a la calificación en la prueba escrita, los antecedentes profesionales y académicos, la Comisión de Selección aprobó en agosto del año pasado el orden de mérito que mostraba a los candidatos mejor posicionados.
El juez federal de Tucumán Fernando Poviña quedó con el puntaje más alto, seguido por la fiscal federal Agustina Inés Rodríguez y la también fiscal, pero de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.
En noviembre de 2021, la Corte Suprema resolvió que los cargos en la sala I de Bruglia y Bertuzzi, ascendidos durante la gestión de Mauricio Macri, tenían carácter «provisorio» y se debía convocar a concurso para elegir los reemplazos.
Si bien la Corte consideró que no estaban correctamente designados porque les faltaba el acuerdo del Senado, nada dijo con respecto a que concursaran para legitimarse, pero sólo Bertuzzi se presentó y quedó en el puesto 21 de 49 postulantes efectivos, muy lejos de cualquier chance.
El concurso para la Cámara de Apelaciones es el de mayor intensidad política que tiene hoy el Consejo por los airados reclamos públicos que hicieron en su momento los afectados y por la decisión de la Corte de otorgarles un “per saltum”.
Toda la agitación en torno al caso de los camaristas, en el que el macrismo y el kirchnerismo se enfrentaron, no alcanza para explicar por qué, cumplido el trámite constitucional complejo que implica nombrar un juez, los seleccionados no consiguen los 13 votos necesarios de los consejeros para mandar la terna al Poder Ejecutivo.
En la Corte, la parálisis la explican por un conjunto de factores: incumplimiento de los acuerdos; necesidades procesales de los principales referentes del macrismo y el kirchnerismo y la campaña ya lanzada para la elección de jueces y abogados consejeros a partir de noviembre. Estos tres factores hacen que no haya hoy un horizonte de salida consensuado para votar la terna a la Cámara de Apelaciones o a los tres juzgados vacantes en Comodoro Py.
Por fuera de los concursos políticamente sensibles, el Consejo viene avanzando, aunque con unos tiempos que no parecen atender que hay un 25 por ciento de cargos vacantes en la justicia nacional y federal.
Según el mapa de concursos confeccionado por el mismo Consejo, hay 151 vacantes a cubrir y 63 concursos en algún momento del trámite, y unos 10 en condiciones de salir en el corto plazo, como el tribunal oral federal de Formosa o varios para la cámara del Trabajo.
En el Consejo de la Magistratura también recuerdan que no son los únicos morosos, que el Poder Ejecutivo tiene 46 ternas para definir y que el Senado adeuda el acuerdo de 54 futuros jueces y que ni siquiera puede nombrar un procurador por conflictos políticos.
También pasan factura a la Corte por haber declarado la inconstitucionalidad de la integración de 13 miembros y llevarla a 20, lo que tornó más compleja la discusión y la elección de los miembros y trasladó las internas partidarias al Consejo.
En base a todos estos elementos, la expectativa hoy en el Consejo es “romper” la inercia del juego de suma cero entre oficialismo y oposición, sacar los cargos no conflictivos y, quizás, poder avanzar en algún momento con las decisiones más delicadas.
