Vecinas y vecinos del barrio de Bajo Belgrano cuestionaron este miércoles en la Legislatura porteña las modificaciones realizadas por el bloque oficialista de Juntos por el Cambio al proyecto que frena futuras construcciones en altura en esa zona del norte capitalino, que se votará en la sesión del próximo jueves 25 de agosto.
«Cambiaron totalmente el proyecto para peor», dijo a Télam Liliana Molas, de la Asociación de Vecinos del Bajo Belgrano, tras la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano que dictaminó el expediente que oficialismo cambia algunos artículos del Código Urbanístico para impedir que en dos polígonos de Belgrano y Núñez puedan levantarse edificios.
La propuesta, en rigor, ya cuenta con una sanción inicial, pero requiere de una segunda sanción, lo que podría ocurrir en la próxima sesión, dado que se encuadra en las leyes de «doble lectura», que también demandan la realización de una audiencia pública con participación ciudadana.
Hasta este miércoles, la iniciativa del oficialismo contaba con el apoyo de los grupos vecinales de los dos barrios dado respondía a su reclamo para frenar la proliferación de nuevas edificaciones en altura en zonas de casas residenciales que no superaban los dos pisos de altura.
Sin embargo, los vecinos de Bajo Belgrano mantenían una demanda referida a que se incluyeran dentro de los impedimentos previstos que no se puedan construir viviendas multifamiliares en parcelas superiores de más de 1500 metros cuadrados.
Según precisó Mola, en el despacho de la comisión «no solo se permite hacer edificios en parcelas superiores, sino que también en aquellas que tienen entre 400 y 1500 metros cuadrados, lo que representa casi el 50% de las manzanas de nuestro barrio».
«Consultamos el por qué de los cambios y nos dijeron que no tienen porqué hacer caso de lo que piden los vecinos», agregó y sostuvo que «está hecho a propósito porque hay intereses económicos de gente importante cercana al Poder Ejecutivo de la Ciudad.
En ese sentido, la legisladora del Frente de Todos, Magdalena Tiesso, criticó al oficialismo por enviar la nueva redacción del proyecto «solo» con tres horas de anticipación al inicio de la reunión y consideró que el texto «viene a dar respuesta a los desarrolladores inmobiliarios y no a los vecinos».
«Acá se incorporaron cuestiones que nuevas que implican a toda la Ciudad», observó el legislador Javier Andrade, mientras que el diputado Matías Barroetaveña consideró que «no se puede hacer trampa a la Constitución ni a las herramientas de participación ciudadana».
