Tiempo Argentino reclamó a la Cámara Federal que revea el sobreseimiento de un policía
A seis años del ataque a la redacción de Tiempo Argentino, los trabajadores de la cooperativa que edita ese semanario volvieron a reclamar a través de una audiencia virtual ante la Cámara Federal por el procesamiento del comisario de la Policía Federal Jorge Azzolina.
El uniformado, a cargo de la comisaría 31 de la Policía Federal cuando el 4 de julio de 2016 una patota atacó la redacción autogestionada por periodistas y demás trabajadores de prensa, fue sobreseído días pasados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
A través de una audiencia virtual y con el patrocinio de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), los integrantes de cooperativa reiteraron ante el Poder Judicial las «pruebas contundentes» que -argumentaron- «demuestran la participación de Azzolina en el violento episodio».
«Como sostenemos desde la misma madrugada del ataque, el hecho no hubiese sido posible sin la participación necesaria de la Policía Federal. Por eso Azzolina no puede ser librado del claro rol que ejerció en aquella madrugada», enfatizó Federico Amigo, presidente de la cooperativa Por Más Tiempo (https://www.tiempoar.com.ar/).
Para Amigo, «alcanza con leer el expediente de la causa para encontrar la evidencia de la complicidad policial en la brutal toma del edificio a manos del (empresario) Mariano Martínez Rojas y su patota a sueldo».
Junto a Correpi y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la cooperativa que edita Tiempo Argentino pidió revocar el sobreseimiento de Azzolina.
A partir de ahora, «la decisión de convalidar la impunidad o hacer justicia» en uno de los ataques más graves contra el ejercicio periodístico está en manos de los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia«, indicó Amigo.
La abogada de los trabajadores e integrante de Correpi, María del Carmen Verdú, sostuvo que está documentado que Azzolina fue quien puso en contacto al falso comprador de Tiempo, Mariano Martínez Rojas, con Juan Carlos Blander, quien contrató al cerrajero y a la patota que ingresaron a la redacción que por entonces Tiempo Argentino y Radio América compartían en un edificio ubicado en la calle Amenábar 23, del barrio porteño de Colegiales, con la intención de apropiarse de documentación, equipamiento periodístico y detener el proceso autogestivo.
La querella insistió que la irrupción al lugar fue apenas pasada la medianoche del 4 de julio de 2016 con el consentimiento policial, según los testimonios de los trabajadores que pernoctaban allí, del cerrajero y de los propios integrantes de la patota.
Verdú agregó que no se pudo identificar a los agentes que esa noche dieron cobertura a los violentos porque desde la Policía Federal no se proporcionó esa información.
Además, la letrada de Correpi se quejó de que el sobreseimiento de Azzolina se basara en los dichos de la fiscal Verónica Andrade, quien aseguró haber asumido el caso a partir de las 2 de la madrugada, cerca de una hora y media después del copamiento del edificio.
«La complicidad policial y política del gobierno de (Mauricio) Macri no puede quedar impune», reflexionó Amigo.
