La justicia convocó a una mesa trabajo entre fuerzas de seguridad y FBI por el caso del avión
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, convocó a una mesa de trabajo entre distintas fuerzas de seguridad (federales y de la Ciudad) para que trabajen, con la colaboración del FBI, en el análisis de los elementos electrónicos y la documentación secuestrada en el caso en el que se investigan supuestas irregularidades alrededor de la llegada del avión de la firma venezolana Emtrasur a la Argentina el pasado 6 de junio.
El magistrado dispuso que esa «mesa de trabajo» se reúna por primera vez este jueves a las 11 bajo la supervisión de la parte querellante de este expediente, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), informaron a Télam fuentes al tanto de la investigación judicial.
La convocatoria alcanza al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional Argentina, a la sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal del ministerio de Seguridad de la Nación, que se reunirán con miembros del juzgado de Villena y la fiscalía que encabeza Cecilia Incardona.
En ese contexto, el juez de Lomas de Zamora también requirió la colaboración de la Oficina Regional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos de América con Responsabilidad para Argentina, según confirmaron a esta agencia las fuentes consultadas.
La información digital acumulada en el expediente asciende a «cientos de gigabytes» de información por lo que los investigadores consideraron necesario involucrar a varias fuerzas en su análisis, detallaron las fuentes.
En paralelo, el juez y la fiscal aguardan aún las repuestas de seis países a los que le requirieron información: Estados Unidos (para que amplíe lo que ya informó el FBI), México (sobre la carga y la tripulación que subió al avión en el punto de partida), Paraguay (por donde había pasado antes el avión), Uruguay (país que le negó el ingreso al vuelo del Emtrasur) y Venezuela e Irán, países de los que provienen los 19 tripulantes.
Días atrás esta agencia informó que el juez Villena había librado exhortos a los Estados Unidos para requerir más información sobre el piloto iraní Gholamreza Ghasemi y sobre el avión de la empresa venezolana Emtrasur que aterrizó en la Argentina el 6 de junio y que se encuentra retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
La medida había sido solicitada por la fiscal Cecilia Incardona en el dictamen con el que imputó al piloto y requirió investigar a toda la tripulación del avión; 14 ciudadanos venezolanos y 5 iraníes cuyos pasaportes se encuentran retenidos por la justicia argentina, lo que les impide salir del país.
Aunque investiga la carga, el avión y a todos sus tripulantes, la fiscal hizo foco en el piloto porque el FBI informó, a través de un documento que solo puede ser utilizado para actividades de inteligencia, que Gholamreza Ghasemi «es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto» y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas.
Fue por eso que la fiscal había solicitado que se libre «exhorto diplomático a Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación».
En el mismo dictamen, la fiscal había requerido que se le pregunte a los Estados Unidos si pesa o no «un embargo o restricción formal sobre la aeronave Boeing 747-300(M), matrícula YV3531», señalaron a Télam fuentes con acceso a la pesquisa.
La investigación, señalaron las fuentes consultadas, apunta a determinar las supuestas irregularidades que circularon en torno a la tripulación que arribó a bordo del avión Boeing 747 de la compañía Emtrasur con matrícula venezolana YV3531, y, a partir de ello dilucidar, si ese vuelo tuvo otros objetivos que no fueran el declarado, de transportar autopartes para la firma Volkswagen.
Para la fiscalía, hay una serie de irregularidades alrededor del arribo del avión a la argentina que ameritan investigar si su llegada no escondía, «eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización».
Entre los elementos «irregulares» detectados por la fiscalía en la primera parte de la investigación aparece una diferencia en la tripulación que abordó el vuelo en México y la que ingresó a la Argentina; además de que en el allanamiento al avión fue encontrado un plan de vuelo de abril pasado a nombre de Qushm Fars Air cuando supuestamente la aeronave ya pertenecía a la venezolana Emtrasur.
La causa comenzó a tomar forma pocos días después de la llegada del avión a la Argentina cuando la DAIA se presentó ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, reclamó que se investigue a la tripulación del avión por posibles vínculos con el terrorismo internacional y pidió ser tenida por querellante.
«Atento las características del hecho que se investiga y siendo mi representada no solo una entidad que representa a la comunidad judía argentina sino además víctima directa del atentado a las sedes de la AMIA-DAIA, entiendo que se encuentra debidamente legitimada para ser parte en esta acción», decía aquella presentación.
Para entonces habían ocurrido dos cosas que generaron sospechas: las petroleras que operan en Argentina se habían negado a cargar combustible al avión sancionado comercialmente por Estados Unidos y el 8 de junio Uruguay le negó el ingreso a su espacio aéreo.
