La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes los pedidos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio que se le sigue por presuntos irregularidades en el otorgamiento de obras públicas viales, por lo que en julio continuará el debate oral y público por ese caso con la etapa de los alegatos de las partes, informaron fuentes tribunalicias.
Por unanimidad, los cuatro jueces del máximo tribunal rechazaron una pericia contable solicitada por la defensa de la vicepresidenta y un pedido de cosa juzgada por entender que los hechos tratados en el proceso oral ya fueron tramitados en otra causa.
Además, la Corte rechazó una queja de competencia del defensor Carlos Beraldi ante la participación de dos salas de la Cámara de Casación, la I y la IV, en distintos momentos del proceso, y la impugnación de los magistrados de la IV.
La Corte consideró que no se probó la «gravedad institucional» que invocó la vicepresidenta y que como no se trata de sentencias definitivas, correspondía rechazarlas, tal como lo hizo finalmente.
El juicio oral continuará como estaba previsto el próximo 11 de julio, con el inicio de los alegatos de las partes.
En lo que se refiere a la pericia contable, el Tribunal Oral Federal 2, que sustancia el juicio conocido como «Vialidad», rechazó la solicitud por considerar que no correspondía o ya había sido realizada en otras medidas de prueba.
Beraldi y el equipo legal de Fernández de Kirchner apeló la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible el recurso y ahí recurrió en queja a la Corte, que este martes avaló lo decidido en las instancias inferiores.
«Las decisiones adoptadas en materia de prueba no constituyen sentencia definitiva», dijeron los jueces del alto tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz para fundar el rechazo sobre la base del acuerdo constitucional de que la Corte es la última y definitiva instancia de revisión de decisiones legales.
También se había cuestionado la intervención de la Sala IV de Casación con el fundamento de que la Sala I habia intervenido en la causa conexa conocida como «Hotesur» y que por lo tanto era el tribunal natural y entonces la Sala IV se constituía en un «tribunal especial» ilegal.
La Corte rechazó este argumento al considerar que los defensores no lograron demostrar este carácter «especial» de la Sala IV: «La defensa no ha demostrado de qué manera esa intervención podría ser considerada como un intento de privar de jurisdicción a los jueces cuya intervención pretende para conferírsela a otros que no la tienen».
En cuanto a la cosa juzgada que denunció la vicepresidenta, fundada en que la justicia de Santa Cruz intervino en las mismas denuncias y no encontró delito, la Corte tomó lo decidido anteriormente en el sentido de que los funcionarios santacruceños no delimitaron los delitos, casi no produjeron prueba y no hubo participación activa del Ministerio Público Fiscal.
«La defensa no explica mínimamente cómo aquellas resoluciones dictadas por jueces locales efectivamente alcanzaron o estuvieron en condiciones jurídicas de alcanzar a funcionarios federales», planteó la Corte para fundar su rechazo.
Con estas decisiones procesales, el juicio oral continuará como estaba previsto el próximo 11 de julio, con el inicio de los alegatos de las partes.
