‘El delito atroz de la desaparición no permite cerrar el duelo’
El hermano de una mujer desaparecida durante la última dictadura militar, tras dar a luz cautiva a una beba que fue apropiada y restituida recién en 1987, declaró este martes ante un tribunal federal de La Plata que juzga a 16 represores, entre ellos el multicondenado Miguel Etchecolatz, y aseguró que «el delito atroz de la desaparición no permite cerrar el duelo».
Se trata de Darío Artigas, hermano de María Asunción Artigas, uruguaya detenida y desaparecida en Argentina en el marco del Plan Cóndor; y tío de María Victoria Moyano Artigas, quien fue dada a luz por María Asunción y fue apropiada y entregada al hermano del en ese entonces jefe de la Brigada de San Justo.
María Victoria fue inscripta con el nombre de María Victoria Penna Mauriño y recién en 1987 recuperó su identidad, convirtiéndose en la nieta número 53 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.
Artigas declaró este ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por 17 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, contra casi 500 víctimas secuestradas en los excentros clandestinos e detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, de Lanús, entre ellas 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio, muchos de los cuales aún no recuperaron su identidad.
«Mi familia fue muy golpeada, sufrimos la desaparición de mi hermana con su esposo y personalmente siendo adolescente también fui secuestrado», comenzó su relato Artigas.
El hombre trazó un perfil de la vida de su familia en Uruguay, en el barrio La Teja, un barrio obrero donde vivían los trabajadores de un frigorífico, una refinería, una fábrica de jabón y otra de alpargatas que tenían asiento allí.
«Éramos pobres pero muy felices con pocas cosas; se compartía todo con los vecinos, éramos todos una gran familia. El golpe en mi país en 1973 cambió nuestras vidas en forma brusca», relató y contó el secuestro, torturas y detención de uno de sus hermanos, brindando detalles de la represión en ese país.
«Mi hermana se casó con Fredy Moyano, que era un hermano más para mi, y viajó a la Argentina como refugiados de Naciones Unidas, a pesar de lo cual los secuestraron 2 veces», precisó.
En febrero de 1975, María Asunción y su esposo vivían en Palermo y fueron secuestrados, estando ella embarazada de 4 meses, lo que no impidió que sus represores la golpearan, incluso aplicándole patadas en el abdomen.
María Asunción y su esposo fueron liberados y se mudaron a una casa de Berazategui. La mujer dio a luz una nena, de nombre Romina, quien murió de bronquiolitis en 1977.
Darío también sufrió secuestro, con apenas 17 años., siendo torturado y violado y al ser liberado su hermana le pidió que por su seguridad regresara a Uruguay.
«Yo eso (la violación) no se lo conté a mi hermana, es muy duro, porque te destrozan físicamente y moralmente», lamentó.
Asunción y Alfredo volvieron a ser secuestrados el 30 de diciembre de 1977: primero fueron llevados al excentro clandestino de Coti Martínez, y luego al Pozo de Banfield, donde el 25 de agosto de 1978 da a luz a María Victoria.
«Por testimonios sabemos que mi hermana hizo su trabajo de parto esposada y encapuchada, que luego le hicieron limpiar todo y que si bien le habían prohibido amamantar a mi sobrina, ella le dio de amamantar a su hija», destacó.
Finalmente, el hombre pidió «que se haga justicia» y expresó que «el delito atroz de la desaparición no nos permite cerrar el duelo».
El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Bánfield y el Pozo de Quilmes al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como «El Infierno» también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
