La iniciativa popular para crear un parque público en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco ingresó este lunes formalmente a la Legislatura porteña, donde deberá ser debatida en el plazo máximo de un año.
El proyecto, avalado por más de 53.000 firmas de electores y electoras de la Ciudad de Buenos Aires, propone destinar ambos predios a la «construcción y emplazamiento de un parque público de acceso libre y gratuito, a cargo del Ejecutivo» local.
Los dos terrenos pertenecen al Estado de la Ciudad, son contiguos, suman unas 32 hectáreas y están ubicados en la Costanera norte, a orillas del Río de la Plata.
La iniciativa popular, que este lunes tomó formalmente estado parlamentario, fue impulsada por el Frente de Todos y varias organizaciones políticas y ambientales que buscan frenar el proyecto del Gobierno porteño para esas tierras: vender una parte y que allí se construyan edificios privados con viviendas, oficinas y comercios.
Esos edificios serían de los más costosos de la ciudad, debido a la cotización del metro cuadrado en esa zona y a su proximidad con el Río de la Plata.
Para evitar la privatización, la iniciativa popular propone «abrogar» la ley del oficialismo porteño que a fines de 2019 autorizó la venta y que actualmente se encuentra judicializada.
A partir de este lunes, con el ingreso formal de la iniciativa popular a la Legislatura, la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales deberá, en el plazo máximo de 20 días hábiles, dictaminar sobre su «admisibilidad formal, debiendo intimar a los promotores a corregir o subsanar los defectos formales», dice la ley 40 de la Ciudad, que regula el tratamiento de este tipo de proyectos de ley.
Luego, podrá comenzar el tratamiento del proyecto en otras comisiones, donde podrá participar un miembro de las organizaciones promotoras, es decir las que reunieron las firmas.
A lo largo del último año, además del Frente de Todos, organizaciones como el Colectivo de Arquitectas, Jóvenes por el Clima y Eco House fueron las encargadas de reunir las adhesiones.
De acuerdo a la mencionada ley 40, tras el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Legislatura «debe sancionar o rechazar» el proyecto «dentro del plazo de 12 meses».
