Senadores bonaerenses le pidieron a la Corte ‘un gesto de responsabilidad institucional’
El bloque de senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires solicitó este martes a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación «un gesto de responsabilidad institucional» y que le «otorgue al Congreso de la Nación un plazo razonable para sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura».
En un comunicado difundido este martes, legisladores oficialistas bonaerenses se refirieron a la decisión del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, de asumir al frente del Consejo de la Magistratura.
Los senadores bonaerenses oficialistas consideraron que la modificación de la estructura y composición del Consejo y la asunción de Rosatti se trató de «un acto de suma prepotencia institucional, que suspende de facto el entendimiento y el equilibrio entre los máximos poderes del Estado» y que el presidente de la Corte asumió «facultades legislativas que están expresamente prohibidas al Poder Judicial».
«Dicho comportamiento no solo viola la independencia de poderes sino que otorga a la Corte, y a su presidente en particular, un poder que excede a su rol constitucional», agregó el documento, que recuerda que Rosatti fue nombrado por decreto del expresidente Mauricio Macri y designado como presidente de la Corte por voto propio.
Desde el Bloque de Senadoras y Senadores del FdT de la PBA expresamos nuestra preocupación por el atropello institucional que llevó adelante la Corte Suprema en torno a la conformación del Consejo de la Magistratura y exigimos un plazo razonable para sancionar una nueva ley. pic.twitter.com/89gNF2agbf
— Senadoras y Senadores Frente de Tod☀s – PBA (@SenadoFDT_BA) April 19, 2022
«Después de demorar el expediente por 6 años. y tener 1.577 días para estudiar la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, la Corte le otorgó al Congreso de la Nación un plazo irrisorio de 120 días para sancionar una nueva ley», dijeron.
Al respecto, agregaron que «cumplido dicho plazo, y en vez de prorrogar el período para que el Congreso arribe a los consensos necesarios para una nueva ley, la Corte optó por restablecer la ley derogada en 2006 y provocar una crisis de enorme gravedad institucional».
En ese sentido, los legisladores requirieron a «la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en un gesto de responsabilidad institucional otorgue al Congreso de la Nación un plazo razonable para sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura, el proyecto de ley ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación».
Señalaron que en estas circunstancias «es importante que todas las instituciones afectadas se manifiesten públicamente por una salida institucional».
Los legisladores sostuvieron que los argentinos aspiran a que las instituciones «surjan del debate legislativo como corresponde, sin intromisión de otros poderes del Estado que no detentan dicha facultad».
«El Consejo de la Magistratura requiere una ley del Congreso de la Nación que profundice la democratización del Poder Judicial», concluyeron.
