La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, afirmó que «desde dónde este» Juntos por el Cambio (JxC) «hace espionaje ilegal», al referirse al sistema de reconocimiento facial de prófugos del gobierno porteño que este martes fue suspendido por la justicia tras detectar un uso ilegal del mismo.
«No importa si es el propio (el expresidente, Mauricio) Macri, el jefe de Gobierno porteño; Horacio Rodríguez Larreta o la ex subdirectora de la AFI; Silvia Majdalani. Evidentemente si es de Juntos por el Cambio no pueden evitar espiar ilegalmente. Esto es utilizar una buena medida, como reconocimiento de patentes, pero de mala forma», señaló Caamaño, en declaraciones a la radio AM 750.
Este martes, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas entre ellas: el presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
«Antes tenían la AFI para hacer espionaje ilegal o se buscaban un juez amigo y con eso avanzaban. Algunos seguimientos fueron con orden judicial y otros no», dijo Caamaño.
Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
En esta línea, Caamaño remarcó que «Hay 7 millones y medio de personas seguidas sin orden judicial» y que esto evidencia que se utilizó el recurso «con otros fines que no son los legales».
