piden el procesamiento de la banda, pero la víctima no aparece

Dos fiscales solicitaron que se les dicte el procesamiento con prisión preventiva para cinco detenidos acusados de haber cometido en la provincia de Tucumán el secuestro extorsivo de un hombre de nacionalidad boliviana que actuaba como «mula», a quien sus captores torturaron con un taladro para que se pague un rescate de 50.000 dólares y que, a 19 días de su captura, aún permanece desaparecido.

Según informó este miércoles el sitio institucional fiscales.gob.ar, el pedido fue formulado por el titular de la Fiscalía Federal 2 de Tucumán, Agustín Chit, y por el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), Pedro Rebollo, ante el juez federal tucumano Fernando Poviña.

Lo preocupante del caso es que a pesar de que la banda está prácticamente desbaratada, que se localizó el lugar de cautiverio y se secuestraron elementos como ropas ensangrentadas de la víctima, o los instrumentos con los que lo torturaron –un taladro y un rebenque-, el ciudadano boliviano de 34 años. que estuvo en poder de esta organización, aún no fue localizado.

“Se intenta establecer si regresó a Bolivia por sus medios, pero la realidad es que también se investiga como hipótesis que lo hayan asesinado”, reconoció a Télam uno de los investigadores de la causa.

Los imputados a los que se les pidió el procesamiento son tres hombres identificados solo por sus iniciales como JAA (31), EGJ (29) y JJA (32), y dos mujeres, DDA (36) y MAA (34), mientras que para un sexto acusado, un hombre de 50 años., los fiscales solicitaron su falta de mérito, pero que siga sujeto a la investigación

La causa tiene además a otro sospechoso identificado con pedido de captura que aún permanecía prófugo, indicaron las fuentes.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron que los cinco que están detenidos y en su mayoría integran el mismo grupo familiar, sean procesados como coautores penalmente responsables del delito de “secuestro extorsivo agravado por la participación en el hecho de tres o más personas” y que a MAA también se le agregue el cargo de “tenencia simple de material estupefaciente”.

A modo de «pruebas de vida» y como método de presión a la familia para que pague el rescate, los secuestradores enviaron mensajes de audio, fotos y videos donde se veía cómo torturaban a golpes con un rebenque y con un taladro a la víctima, quien estaba retenida en una obra en construcción y visiblemente herida y atado de pies y manos.

Una de las imágenes era el hombre vendado con uno de sus secuestradores apoyándole un taladro eléctrico en la cabeza, confiaron las fuentes.

Investigación

Según lo reconstruido por los fiscales, el miércoles 16 de marzo la víctima viajó desde Bolivia hacia la Argentina por el paso internacional de Villazón-La Quiaca, con destino a la provincia de Tucumán, adonde habría arribado dos días después, el viernes 18.
 
Durante esa noche, a través de dos líneas telefónicas prepagas y mediante el servicio de mensajería WhatsApp, un grupo de personas comenzó a extorsionar a la pareja de la víctima y a su madre exigiéndoles 50.000 dólares a cambio de su liberación.

El padre del cautivo fue quien cruzó la frontera, denunció el secuestro de su hijo ante la División Unidad Operativa Federal La Quiaca de la Policía Federal Argentina (PFA) y entregó los mensajes extorsivos que orientaron la investigación a Tucumán.

Los captores continuaron realizando comunicaciones extorsivas y requirieron a los familiares que abonasen el dinero a través de la compañía Western Union aunque “el pago no fue concretado y la víctima aún no fue encontrada”, informaron los fiscales.

A una de las detenidas –MAA- se le secuestraron cinco cápsulas con clorhidrato de cocaína por un peso de 38 gramos que intentó descartar en el procedimiento y, por lo que creen los investigadores, fueron traídas ingeridas por la víctima del secuestro desde Bolivia.

Tras el análisis de las líneas telefónicas empleadas en los llamados extorsivos y sus comunicaciones, los detectives del Departamento Antisecuestros Norte de la PFA y el Departamento de Inteligencia de la Policía de Tucumán logró identificar a la banda, realizar los allanamientos y hacer las detenciones.

Según reportaron los fiscales, en su poder se encontraron una serie de elementos incriminatorios como “los equipos celulares a través de las cuales se realizaron las extorsiones”, un “vínculo directo con uno de los titulares de las cuentas donde se exigió a los familiares depositar el pago del rescate”, una camioneta Ford Ecosport con ropas y manchas de sangre y la identificación como uno de los sitios de cautiverio de la vivienda donde residían tres de los acusados.

“Los pisos del comedor de esa casa resultaron ser idénticos a los que se visualizan en una de las fotografías remitidas por los autores del hecho a los familiares de la víctima, donde se observa a la víctima notablemente herida”, señalaron los fiscales.

También se allanó como otro lugar de cautiverio una casa en construcción en el Barrio 447 Viviendas de Las Talitas, cercana al domicilio de las personas acusadas, donde se encontró un rebenque idéntico al que los secuestradores usaron para torturar a la víctima, y en la casa de uno de los imputados se secuestró el mismo taladro que utilizaron para amedrentar a la víctima en los videos extorsivos.

Para los fiscales Chit y Rebollo, “cada integrante del plan criminal dominó el curso del hecho a voluntad, conociendo el grave contenido de injusto del mismo, y a pesar de ello ninguno ha desistido de su accionar; todo lo contrario, la ha llevado a cabo en forma coordinada”.

Los representantes del MPF solicitaron además que sus detenciones se conviertan en prisión preventiva no solo por la gravedad de los hechos, sino por cómo fueron llevados a cabo “empleando una violencia significativa sobre la integridad física de la víctima, quien hasta el día de la fecha no ha sido hallada con vida”.