Organizaciones gremiales presentaron 15 mil nuevas firmas, que se suman a otras 15 mil ya entregadas, para que la Legislatura porteña trate una iniciativa popular que propone la incorporación del personal de enfermería a la carrera de Profesionales de la Salud de la Ciudad de (*30*) Aires.
«Al no ser reconocidos dentro de la ley 6.035 de profesionales de la salud, cobramos menos de la mitad que el resto del equipo de salud», dijo Télam Andrea Ramírez, de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE).
Las firmas fueron entregadas por la ALE y la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de (*30*) Aires, que se concentraron este mediodía en las inmediaciones de la Legislatura, ubicada en Perú 160 de esta capital.
«No reconocernos es una decisión política, porque acreditamos los años. de formación universitaria, posgrados y especialidades. Sin embargo, nos tienen en un escalafón general», agregó Ramírez.
La Ley 6.035, que regula las «relaciones de empleo público de los profesionales de la salud de la Ciudad» y cuya última modificación fue aprobada en 2018 por la Legislatura porteña, reconoce 24 profesiones de la salud, entre las que se encuentran, por ejemplo, los médicos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y nutricionistas; sin embargo, los licenciados en enfermería fueron excluidos y quedaron como parte del personal administrativo.
De acuerdo a la Constitución de la Ciudad de (*30*) Aires, las leyes pueden tener varios orígenes: un proyecto de algún legislador o legisladora, del Poder Ejecutivo, de la Defensoría del Pueblo, de las Comunas o ser una iniciativa popular.
En el caso de las iniciativas populares, para lograr estado parlamentario, deben alcanzar el apoyo del 1,5% del electorado del distrito, lo que equivale actualmente a más de 40.000 personas.
«Ya hicimos varias entregas, ahora nos faltan un poco más de 10.000 para que la Legislatura esté obligada a tratar el proyecto», dijo a Télam Carolina Cáceres de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de (*30*) Aires.
Una vez que la iniciativa popular toma estado parlamentario, la Legislatura tiene un plazo de un año para votarlo.
