Pese a los vaivenes diplomáticos, el reclamo por Malvinas se convirtió en política de Estado
El histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas constituye el punto más sensible y permanente de la política exterior argentina, no solo por la profunda dimensión simbólica que tiene para el conjunto de los argentinos, sino también por la importancia geopolítica, económica y estratégica del archipiélago que el Reino Unido usurpa desde 1833.
La apelación a una resolución pacífica y diplomática a la disputa se configuró como una de las irrenunciables políticas de Estado desde la restauración democrática de 1983.
Aunque con matices en su intensidad, la reivindicación de Malvinas como territorio nacional es sostenida ante distintos organismos y foros multilaterales por todos los gobiernos que sucedieron a la última dictadura cívico militar y su fallida aventura bélica de 1982.
La empresa militar con la que el dictador Leopoldo Galtieri intentó detener el irreversible final del régimen genocida implicó un desvío en la historia de reclamos, que en 1965 derivó en la Resolución 2065 de Naciones Unidas (ONU), la primera de ese organismo en reconocer la existencia de la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.
Con todo, la guerra no alteró la naturaleza de la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que continuó pendiente de negociación y solución.
Así lo estableció en septiembre de 1982 la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 37/9, que reafirmó las resoluciones precedentes sobre el tema y solicitó a Buenos Aires y Londres reanudar las negociaciones para encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa.
Ya en democracia la Cuestión Malvinas estuvo atravesada por una política exterior pendular, entre gobiernos más proclives a un alineamiento automático con EE.UU y potencias europeas y aquellos gobiernos que fundan su integración al mundo desde posturas latinoamericanistas.
Mientras unos optaron por establecer una serie de entendimientos sobre asuntos «prácticos», relegando el reclamo a un mediano o largo plazo; otros lo ubicaron como eje central en cualquier tipo de negociación con Londres.
Raúl Alfonsín retomó la histórica reivindicación por las vías diplomáticas, y de la mano de su canciller Dante Caputo, volvió a recurrir a la ONU.
Caputo logró además sumar votos contra el colonialismo británico, por ejemplo, desde el grupo de los llamados Países No Alineados, en medio de una Guerra Fría todavía vigente entre EE.UU y sus aliados y la Unión Soviética y sus satélites.
El gobierno radical fracasó en su intención de restablecer las relaciones bilaterales con el Reino Unido, incluyendo en la agenda reiniciar las negociaciones por Malvinas, algo que fue rechazado por Londres, pero logró mantener con éxito la vigencia jurídica de la disputa.
La llegada de Carlos Menem a la Casa Rosada (1989-1999), en el contexto del fin de la guerra fría y el auge global del Consenso de Washington y el neoliberalismo, inició una nueva etapa de la política exterior, ensayando en la Cuestión Malvinas un «política de acercamiento» con Reino Unido, con eje en la cooperación.
Fueron tiempos de «relaciones carnales» con EE.UU y de una política «amigable» con Gran Bretaña, que tuvo su expresión más extrema en los ositos Winnie Pooh con los que el entonces canciller Guido Di Tella intentó «seducir» a los habitantes británicos implantados en las islas, que Londres siempre utilizó como excusa para no avanzar en el diálogo.
Con todo, en 1994, la Convención Constituyente puso en la letra de la ley suprema argentina el reclamo por las islas y que éstas debían ser recuperadas de modo pacífico.
El restablecimiento de relaciones bilaterales se producirá a través de los Acuerdos de Madrid en 1989 y 1990 debajo fórmula del paraguas de soberanía.
El gobierno de Menem firmó con Reino Unido 47 entendimientos sobre una multiplicidad de temas, 17 de ellos vinculados a Malvinas, y particularmente con cuestiones económicas que fueron especialmente problemáticas desde un inicio.
Se creó la Comisión de Pesca del Atlántico Sur para la Conservación de Recursos Pesqueros. Sin embargo, Londres promovió acciones unilaterales tanto en esa materia como en explotación hidrocarburífera, lo que derivó en el incumplimiento de normas del derecho internacional y de la resolución 31/49 de la ONU, que prohíbe innovar en el área en disputa.
Se estableció luego el «Acuerdo de Comunicaciones», que implicó un vuelo entre las Malvinas y Punta Arenas, con una escala en Río Gallegos, que habilitó nuevamente, debajo la firma de pasaportes (y debajo fórmula de soberanía), el movimiento de pasajeros entre las Islas y el continente.
La etapa iniciada en 1989 continuará hasta el 2003 con los gobiernos de Fernando De la Rúa y el de Eduardo Duhalde, en los que el acercamiento al Reino Unido sigue estructurando la relación bilateral.
Sin embargo, en 2000, a partir de las acciones unilaterales británicas, Argentina dejó de participar en la Comisión de Hidrocarburos. En tanto, el gobierno de Duhalde, sumergido en la profunda crisis argentina del año 2001, no realizó sustantivas modificaciones en la agenda Malvinas.
Con la asunción de Néstor Kirchner (2003-2007) comenzó una nueva etapa en la política exterior y, dentro de esta, de la Cuestión Malvinas, que tuvo su continuidad debajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
En un escenario internacional marcado por una mayor multipolaridad y al compás del surgimiento de organismos regionales (Unasur en 2008 y la Celac en 2011), Argentina llevó adelante una política exterior definida como una «política de firmeza».
El entonces canciller Jorge Taiana entendió que los acuerdos provisorios lejos de acercar a las partes a la mesa de negociación, tendían a crear una cierta consolidación del status quo y un paulatino fortalecimiento de la posición británica.
Bajo esa premisa, la firmeza del nuevo gobierno se tradujo en la revisión de los entendimientos que favorecían la posición británica en el Atlántico Sur.
En 2003, Argentina dejó de autorizar los vuelos chárter, que se analizaban caso por caso, de forma excepcional, ya que no formaban parte del acuerdo de 1999 y propuso la constitución de un nuevo acuerdo, sobre un segundo vuelo, entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino, a través de la aerolínea de bandera.
En 2005, en relación a los recursos pesqueros, Argentina envió 15 notas de protesta al Reino Unido, a la vez, que propuso una agenda de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, que puso de manifiesto la relación que había entre la conservación de los recursos pesqueros con la irresuelta cuestión de fondo: la soberanía del archipiélago.
Reino Unido rechazó ese proyecto y continuó con acciones unilaterales, por lo que la Argentina dejó de participar en dicha comisión y, en 2007, dio por finalizado el entendimiento de hidrocarburos de 1995.
Entre 2003 y 2015 la intención argentina de sentar a Londres a una mesa de negociación obtuvo el apoyo de la ONU, la OEA y otros foros internacionales y regionales como el G77 + China, Unasur, el Mercosur y la Celac (que incluye a los países del Caribe que son parte del Commonwealth).
La asunción de Mauricio Macri en 2015 volvió a volcar el péndulo de la política exterior del país hacia un alineamiento con EE.UU y, en ese marco, Argentina mostró un nuevo acercamiento al Reino Unido, ya con el proceso del Brexit en marcha.
La entonces canciller Susana Malcorra anunció al inicio de la gestión de Cambiemos que se debía explorar el diálogo y la colaboración con Londres más allá de la discusión por la soberanía del archipiélago.
Una de las primeras medidas de gobierno de Macri -primer presidente electo desde 1983 en no incluir la Cuestión Malvinas en su discurso de asunción presidencial- fue bajarle el rango a la Secretaría de Malvinas, creada por Cristina Fernández de Kirchner.
En 2016 nace el llamado «Acuerdo Foradori-Duncan», en rigor, un comunicado conjunto firmado por los vicecancilleres de Argentina y Reino Unido juzgado como «uno de los hechos más lesivos para los intereses nacionales en general y el histórico reclamo por el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas en particular», según definió alguna vez el exsecretario de Malvinas, Daniel Filmus.
Analistas cuestionaron el hecho de que en ese documento no se mencionaron las resoluciones 2065, ni la resolución 31/49 -que prohíbe los actos unilaterales-, como tampoco la ilegítima base militar británica en Malvinas, una zona de paz y cooperación del Atlántico Sur.
Sí hacía referencia a demandas británicas, como la posibilidad de ampliar un vuelo a terceros países mediante terceras aerolíneas; y a remover la legislación que la Argentina había promovido, en 2010, 2011 y 2013 en materia de pesca e hidrocarburos, en defensa de los recursos naturales legítimamente reclamados por el país.
La llegada de Alberto Fernández a la Presidencia en 2019 significó el retorno de una política exterior multipolar que vuelve a tener a la Cuestión Malvinas como un eje central de su agenda.
La nueva administración reflotó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y buscó y consiguió renovados apoyos al reclamo argentino en foros y organismos internacionales y regionales.
También propuso y logró que el Congreso Nacional convirtiese en ley tres proyectos tendientes a resguardar a Malvinas como política de Estado: la constitución del Consejo Malvinas, la ratificación de los límites de la plataforma continental y una norma vinculada a la defensa de los recursos pesqueros.
