Eduardo Jantus, el documentalista de los genocidas

Los documentos que confirman la complicidad de sectores de la prensa internacional con la dictadura cívico militar de la Argentina

“Lo que ustedes llaman aciertos son errores,
los que reconocen como errores son crímenes
y lo que omiten son calamidades”.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977

La burocracia del terrorismo de Estado dejó impresas las huellas de sus atrocidades. En este caso, Télam presenta ocho carpetas con información nunca antes revelada, que exponen una de las obsesiones del régimen criminal que tomó el poder el 24 de marzo de 1976: su intento por contrarrestar en el plano internacional lo que la Junta militar definió como una campaña “antiargentina”, que fue en verdad la sucesión de denuncias en el país – pero sobre todo en el exterior – sobre las torturas y desapariciones de miles de personas en los campos de extermino que la dictadura desplegó a lo largo de la Argentina.

La dictadura diseñó una acción de contrainformación y propaganda que contó con el asesoramiento de la influyente agencia multinacional de publicidad y comunicación Burson-Marsteller, y que tuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores el órgano desde donde se articuló el plan del gobierno genocida para intentar neutralizar los cuestionamientos que recibía en las principales capitales del mundo por su sistemática violación a los derechos humanos.

En los subsuelos del Palacio San Martín, sede de la Cancillería, funcionaba la Dirección de Prensa. Un ministerio que, en la distribución del poder entre las tres fuerzas, quedó debajo la órbita de la Armada comandada por Emilio Massera. Cada jornada, eran trasladadas desde la ESMA hasta el recoleto edificio del barrio de Retiro personas que estaban detenidas desaparecidas para trabajar en la confección de los archivos y el seguimiento en la prensa internacional de las noticias que se publicaban sobre la Argentina. Un trabajo esclavo que fue denunciado ante la Justicia, en 1985, por las declaraciones de sobrevivientes en el Juicio a las Juntas. Los ocho legajos que se detallan en esta investigación integraron ese archivo del horror con el que el régimen castrense sistematizó la planificación de la mentira. Los folios de las carpetas halladas indican que fueron cientos los archivos confeccionados que aún no vieron la luz y que quizá nunca se logren encontrar. Pero existieron, como dan testimonio los documentos presentados en exclusividad por Télam.

Paso a paso

El punto de partida de la investigación se puede precisar en el momento en que el periodista Enrique Vázquez recibió las carpetas que habían permanecido, durante años., guardadas en un cajón del estudio jurídico de un abogado que supo estar vinculado a un organismo de Derechos Humanos. Legajos secretos que había recibido de manos de un empleado de Cancillería, que los había rescatado de un volquete en el momento en que estaban desmontando el archivo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los días en que languidecía la dictadura cívico militar.

Al morir el abogado, una secretaria de su estudio entregó el material al periodista. Y semanas atrás Vázquez se contactó con Télam para poner a disposición toda la documentación. Así comenzó un trabajo en conjunto entre el periodista y distintas áreas de la redacción de la agencia, que intercambiaron y aportaron información a la ya contundente existencia material de los legajos.

En ese entrecruzamiento de datos se trabajó sobre los archivos desclasificados hace una década por la propia Cancillería, lo que permitió respaldar la información que surgió de las lecturas de las carpetas, como se puede observar en este informe especial. También se realizó una relectura de algunas declaraciones ante de la Justicia y entrevistas periodísticas de personas que fueron víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado, como fue el caso de la ya fallecida Elisa Tokar, una de las detenidas desaparecidas que padeció el trabajo esclavo en los sótanos de palacio San Martín durante sus largos meses de cautiverio en la ESMA.

Vázquez es el autor de los textos que describen los contenidos de cada uno de los ocho legajos que permanecieron ocultos por más de 40 años. y que exponen las maniobras de propaganda diagramada por la Secretaría de Información Pública del régimen genocida. Su trabajo fue complementado con una contextualización histórica en la que se subrayan algunos de las acciones del terrorismo de Estado o de la resistencia cívica al régimen que tuvieron impacto y relevancia internacional, como fue la desaparición y el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh (del que se cumplen 45 años. este 25 de marzo), el secuestro del periodista Jacobo Timerman o los asesinatos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, y de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. También se recuerda el Mundial de fútbol de 1978 que concentró las miradas del mundo sobre la Argentina. Una de las maniobras de la dictadura cívico militar, en ese marco, fue la invitación a periodistas de distintos países centrales en los que había presencia de exiliados argentinos y denuncias contra las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Jorge Rafael Videla.

Enrique Vázquez entregará todas las carpetas a Memoria Abierta, una institución que reúne a distintas organizaciones de derechos humanos.

En cada uno de estos ocho legajos permanecieron ocultos por más de cuatro décadas quienes fueron algunos de los periodistas y medios de comunicación que accedieron a ser parte de la operación propagandística; los intercambios de cartas, las recomendaciones, las invitaciones, sus gastos e incluso cables reservados con información confidencial.

Durante años. permaneció oculta una parte central de la planificación de la mentira. Hasta hoy.

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origen: Canadá

1981 Eduardo Jantus

El documentalista de los genocidas

Por Enrique Vázquez

Esta, la que lleva el número 476, se distingue por dos aspectos de las otras carpetas rescatadas: es de otro color y bastante más delgada. Aunque aloja un menor número de folios, contiene elementos alusivos a dos operaciones de propaganda dictatorial: una es la que llevó a cabo la periodista Mira Avrech, del diario Yediot Aharonot, como lo nombra el embajador argentino de aquel entonces en Tel Aviv, Jorge Casal; la otra es una película, “Argentina after terrorism”, dirigida por Eduardo Jantus, un periodista radicado en Ottawa, Canadá.

Comentarios sobre los artículos de Mira Avrech by Télam on Scribd

El Yedioth Ahronoth, como suele designárselo en castellano, es el diario de mayor circulación en Israel, con la particularidad de que está escrito en hebreo.

A pesar de que una nota remitida a la Cancillería por el embajador Casal en febrero de 1981 habla de los artículos publicados por Mira Avrech tras su viaje a la Argentina, tales artículos no aparecen encarpetados.

Viaje a Buenos Aires de Eduardo Jantus by Télam on Scribd

El proyecto de película del Sr. Jantus incluía entrevistas a dirigentes políticos y gremiales con remate a cargo del dictador Roberto Eduardo Viola, pero la secretaría de Prensa de la Casa Rosada negó la posibilidad de una entrevista “porque la imagen presidencial se diluye entre tantas otras personalidades”.

El sumario de la producción estaba ligeramente sesgado: proponía notas con la Sra. Hebe de Berdina -presidenta de la Asociación de Víctimas de la Subversión-, el general Ramón Juan Alberto Camps “y algún militar que haya sido herido por los terroristas”.

De todos modos, el proyecto le resultó útil a un camarógrafo de ATC contratado para grabar entrevistas, planos de Buenos Aires y material mudo de apoyo. Pasó 2 facturas: una de 9.604.800 pesos y otra de 2.400 dólares.

Estas dos operaciones -la del diario israelita y la del film del canadiense apadrinado por el embajador Esteban Takács- sirven para mostrar otra faceta del trabajo esclavo que debían prestar las detenidas-desaparecidas en la ESMA: al clipping cotidiano agregaban el papel de traductoras cuando las notas venían, como en el caso del diario de Tel Aviv, en hebreo, o cuando los periodistas extranjeros sólo hablaban inglés, como era el caso de Jantus.

Quizás por eso las seleccionó un día de comienzos de 1977 uno de los más encarnizados torturadores del Grupo de Tareas 3.3.2, el capitán Francis Whamond (a) El Duque.

Reunió a un grupo de prisioneras y les preguntó de sopetón: “¿Qué perfume quieren usar?”

Las mujeres quedaron estupefactas: llevaban meses sin poder bañarse, hacían sus necesidades en un balde de 5 litros de pintura compartido con todos los otros presos, y antes que perfumes necesitaban jabón y una ducha. Whamond -que ya estaba retirado y participaba del grupo de tareas en carácter de voluntario- les permitió bañarse en el piso de abajo, les entregó ropa decente y les informó que a partir de ese momento serían “secretarias” en el sector de cables de la Cancillería, adonde él había sido enviado con rango de secretario de Estado.

Las “secretarias” trabajaron cortando cables, haciendo clipping y ordenando carpetas, siempre y cuando no les pidieran una traducción. Sus momentos de éxtasis llegaban a la hora de ir al baño con inodoros y lavabos, o a la hora del almuerzo, cuando podían pedir un sándwich en la cafetería.

Trabajaban en una oficina cerrada, sin ventanas, a 10 metros de la Sala de Prensa. En la puerta se fijó con chinches un cartel admonitorio: “Prohibido pasar”. Allí estaba el fichero que se tiró íntegramente a un volquete en 1985, cuando se produjo la mudanza del Palacio San Martín a la calle Reconquista. Sólo se salvaron, gracias a la intervención de un ordenanza, cerca de 30 carpetas, que ese ordenanza le entregó a un abogado, supuesto defensor de los Derechos Humanos. El abogado jamás les prestó atención, y las carpetas  acumularon polvo y olvido hasta fines del año pasado, cuando el estudio jurídico quedó sin titular y todos sus documentos fueron a parar a la basura. Por suerte -así como en la Cancillería intervino un ordenanza- acá se involucró una secretaria, y gracias a ella disponemos de esta documentación.