La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso citó para este martes al exdirector del Área de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano para que exponga sobre la denominada mesa judicial bonaerense destinada presuntamente a armar causas contra gremialistas y al suspendido juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio.
De Stéfano fue convocado por la comisión bicameral para las 12, mientras que los legisladores citaron para las 13 a Carzoglio, según informaron a Télam fuentes parlamentarias.
Carzoglio había rechazado un pedido fiscal para detener al gremialista camionero Pablo Moyano en una causa por presuntas irregularidades en el club Independiente, del cual el sindicalista es directivo.
Por esa cuestión Carzoglio fue sometido a un jurado de enjuiciamiento, que lo suspendió en 2019.
En tanto, recordaron las fuentes, «De Stéfano está señalado como uno de los espías de la AFI que habría visitado a Carzoglio para reclamarle la detención de Moyano, según la propia versión del juez».
El organismo parlamentario viene citando a exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y exespías que habrían participado de maniobras para armar causas contra sindicalistas.
Las citaciones comenzaron luego de que se conociera un video del exministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, quien en una reunión en 2017 en la casa central del Banco Provincia en la ciudad Buenos Aires dijo que le hubiera gustado tener una «Gestapo» (policía secreta nazi) para controlar a los gremialistas.
A raíz de esos episodios, se abrió una causa penal que está a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
En tanto, en el marco de la investigación que lleva adelante, la comisión bicameral presentó 10 de febrero pasado ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Los legisladores acusaron a los camaristas de «mal desempeño en sus funciones» por desvincular de una causa de espionaje a los responsables de la AFI del Gobierno de Cambiemos y avalar la teoría del «cuentapropismo» en la que habrían incurrido los agentes de ese organismo.
