Hay que ‘construir una agenda pospandemia en derechos humanos para reducir desigualdades’
El flamante titular de la secretaría ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos (Ippdh) del Mercosur, Remo Carlotto, adelantó que el organismo trabajará durante su gestión en «la construcción de una agenda pospandemia que permita reducir las desigualdades» que han sido «intensificadas» por el coronavirus.
En una entrevista brindada a Télam, el hijo de Estela Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo -que asumió en el cargo esta semana en un acto que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández– sostuvo que también se continuará con el foco puesto en «los derechos de los migrantes, de niños niñas y adolescentes, de afrodescendientes y de pueblos originarios», entre otros.
El Ippdh fue creado en 2009 en el marco del bloque regional con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en los distintos países que lo integran, y consolidar los derechos humanos como parte fundamental de la identidad y el desarrollo de ese organismo.
Entrevista
– Télam: ¿Cuáles serán los principales lineamientos del instituto durante su gestión?
– Remo Carlotto: El instituto viene funcionando con una serie de ejes de trabajo a lo largo de los años. vinculado a la articulación y las capacidades en materia de los derechos humanos de los migrantes, de niñas, niños y adolescentes, en los derechos de los afrodescendientes y de los pueblos originarios. A esto, le vamos a sumar las consecuencias que ha dejado la pandemia en estos dos años., así como las políticas de cuidado necesarias.
Lo primero será analizar las consecuencias de la pandemia para en función de eso poder construir una agenda pospandemia en derechos humanos. Esto significa revisar las consecuencias no sólo en el acceso a la salud y a la interpretación de la salud como un derecho sino también ver las consecuencias en el orden social, en las relaciones interpersonales, en el área del trabajo. Por otra parte, analizaremos cómo avanzó por ejemplo la concentración de la riqueza, uno de los grandes problemas que generan la desigualdad en los países. Vemos que una cantidad importante de personas pasó a ser pobre, y esto significará un gran punto de análisis.
– T: ¿Cómo se resuelven esas desigualdades?
– RC: Con la generación de políticas distributivas y a la vez para eso es necesario ver la matriz de la concentración en nuestros países, si eso significa una vulneración de la mayoría de los habitantes de nuestros territorios. Desentrañar la matriz económica de nuestros países, apuntando a objetivos más igualitarios. Las Naciones Unidas plantean, por ejemplo, entre los objetivos del Desarrollo Sustentable para el 2030, generar un proceso donde nadie quede atrás. Desde la mirada del Mercosur y desde la visión de América Latina y del Caribe debemos analizar los procesos de empobrecimiento así como la pérdida de derechos de la población.
– T: ¿Cómo se vincula la pobreza con la defensa de los derechos humanos?
– RC: La pobreza se plantea en la pérdida de derechos como el derecho a la salud, al agua potable. Tenemos que ir a un saneamiento de la política sanitaria para que alcance a todos los y las ciudadanas. También, aportar herramientas y elementos como por ejemplo el derecho de protección a partir del sistema de vacunación, el acceso gratuito e igualitario a las dosis en toda la región. Para esto es necesario la coordinación de los países y tener estrategias compartidas tanto para enfrentar la pandemia como será la salida de ella, a lo largo de este año.
– T. ¿Qué otros desafíos dejó la construcción de una agenda pospandemia?
– RC: El laboral es uno de ellos, muy importante. El teletrabajo llegó para quedarse. Es necesario velar por los derechos laborales en este sentido para que este proceso no termine siendo de carácter invasivo. Argentina tiene un alto desarrollo y nivel de conectivididad de la población en general por lo que se plantea ver como ha sido este paso con el cierre de oficinas hacia una matriz casi definitiva del trabajo en el hogar. Es parte de la agenda que estamos planteando y solicitaremos por eso también información a los países miembros para generar nuevas políticas.
– T: ¿Cuáles fueron las primeras acciones tomadas esta semana tras la asunción en su cargo?
– RC: Empezamos a tener las primeras reuniones con equipos de trabajo y jefes de área para tomar los lineamientos que ya estaban trazados así como los que acabo de enumerar. En este sentido, todos los años., el instituto realiza un curso con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y vimos que se analizaron algunos de estos puntos vinculados a la pandemia. Durante este tiempo proponemos recoger esos conocimientos más la relevación de un informe que solicitaremos a cada uno de los países miembros.
– T:¿La cuestión de género tendrá también un rol importante?
– RC: En el acto de traspaso que se hizo esta semana, el Presidente planteó la necesidad de fortalecer el rol político del instituto en el proceso de integración y planteó un eje central que se viene llevando adelante a nivel regional y global vinculado a los derechos de las mujeres, a fin de lograr sociedades más igualitarias e inclusivas. Esta inclusión debe ser en la acción política, social, y gremial. Nosotros vamos a trazar una agenda en ese sentido y lo haremos con la participación de los países miembros. En este sentido hay experiencias compartidas en Uruguay y Brasil por ejemplo son muy importantes.
– T:¿Cómo definiría los objetivos del instituto?
– RC: El instituto tiene dos funciones principales en lo que son sus objetivos. Uno es el acervo documental sobre lo que fue la Operación Cóndor para continuar con la investigación de la coordinación represiva de las dictaduras durante la década del 70. Vamos a reforzar y continuar profundizando esa recolección de información. Por otro lado, el instituto resguarda la relación sur sur entre el Mercosur y también con Africa, con los países asiáticos. Así que apuntamos a profundizar el intercambio y que no sea solo con Estados Unidos o con Europa. Es decir, seguiremos trabajando para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho de los Estados Partes del bloque regional, así como en la consolidación de los derechos humanos como eje fundamental de la identidad y desarrollo del Mercosur.