qué pasa con el 5G y regulaciones clave para el sector

Comenzó 2022 con la pandemia recrudecida pero también con los temas de la agenda del sector de las comunicaciones. En general, esto se interpreta como medidas regulatorias, pero también existe la agenda de los operadores (empresas y otros entes) y la de la sociedad en su conjunto.

Naturalmente, en cualquier nación democrática, estas agendas no siempre coinciden, pero cuando divergen más allá de cierto punto no es un buen augurio para el desarrollo de las comunicaciones. Por ejemplo, si una empresa está lista para el 5G y el Gobierno no tiene ni siquiera en su agenda licitar espectro.

O medidas que chocan contra la dura realidad económica. «Pedimos la derogación de los decretos de control de precios, ya que nos impiden tener una planificación a largo plazo. Nuestros costos son en dólares y nuestros precios están congelados en pesos», acota Ariel Graizer, titular de la Cámara de Internet argentina Cabase.

Peor todavía cuando un Gobierno parece tener una agenda sólo reactiva o de continuidad administrativa. Si el presidente Alberto Fernández dijo que no creía en los planes económicos, no resulta descabellado esperar que el mismo temperamento derrame en todos los niveles de administración.

Ni el ente regulador Enacom, ni ningún otro organismo gubernamental, explicitaron una visión y programa de lo que pretenden hacer con las comunicaciones, más allá de enunciados generales imposibles de discutir.

El 5G es una tecnología que está llamada a cambiar el mundo y no es un mero «aumento de velocidad», como también señaló el Presidente. Impactará en el Internet de las Cosas (IoT), el trabajo, la medicina, las actividades empresarias, las finanzas y abrirá mas oportunidades y campos creativos a emprendedores, artistas, educadores, educandos y consumidores.

Será uno de los ejes del mundo, como en el siglo XIX fue la máquina a vapor y luego la electricidad (que, sin embargo, se sigue cortando en la Argentina actual).

El 5G debió haber ameritado un reporte minucioso, un blue book argentino sobre el tema elaborado con expertos, rigor y —hasta donde sea posible en el país actual— consensos. Enacom dio a conocer hace poco las bandas que se van a utilizar (en sintonía con decisiones internacionales), pero eso no alcanza.

El 5G es una tecnología que está llamada a cambiar el mundo 

Hace falta —cuanto antes— un plan nacional de espectro concreto (determinar cómo se usarán esas frecuencias por bloques, áreas geográficas y número de prestadores).

También un cronograma de subastas de tales frecuencias para que los actores puedan irse preparando y tomar sus decisiones con miras a maximizar la competencia y de esa forma, beneficiarse a los usuarios. De todo esto, no hay ninguna novedad, sólo anuncios imprecisos que no se han concretado.

Debería discutirse, quizás, si no puede haber un mecanismo constante y automático para realizar subastas de espectro y así posibilitar que todo prestador existente o potencial pueda acceder o ampliar sus servicios en cualquier momento.

Comunicaciones, un servicio público

El sistema usado desde hace lustros es que esas subastas se realizan espasmódicamente sólo cuando el gobierno (o la burocracia) quieren. La última tuvo lugar en 2014 y permitió implementar el 4G, con retraso respecto de muchos países.

El DNU 690 que declaró en 2020 a las comunicaciones como «servicio público» de una manera bastante confusa fue sólo un medio para regular y congelar precios en servicios que son competitivos y que si no lo son en mayor medida es por políticas fallidas.

Esto generó un embrollo y una espada de Damocles de lo cual se verá como se sale: Telecom/Flow, Telecentro, DirecTV y recientemente Telefónica, así como algunos cables, han obtenido una cautelar para ser eximidas del decreto. Para estas empresas, el DNU pierde así su finalidad y queda solo como una amenaza potencial.

Otros prestadores, en especial varios pequeños, no fueron tan afortunados (o solventes para contratar abogados) y siguen sometidas a estas disposiciones.

Las tarifas «políticas», como bien lo evidencia el caso de la electricidad o la intervención masiva del gobierno en comunicaciones en el pasado (ENTel o la TV estatizada), sólo trajeron deterioros y desinversión. Al contrario de lo que se proclamaba, resultaron en exclusión y penurias para los sectores más vulnerables, incluso en épocas en que el país estaba económicamente mejor que hoy.

De hecho, cuando parecía que la Argentina iba a avanzar en el indispensable despliegue de fibra óptica a domicilio —anteriormente rezagado—, el DNU tuvo el efecto de paralizar ese importante salto.

Hay muchas cuestiones de agenda que es necesario adoptar para que el sector de las comunicaciones despegue

Y no por la pandemia, que en realidad era una oportunidad de inversión impulsada por la gran demanda en el uso de redes: entre el 2T 2020 y el 2T 2021 Brasil subió sus accesos de fibra de 38 a 57% y Chile del 33 al 49%. Argentina, en cambio, apenas pasó del 12 al 15% (Cabase Internet Index, difundido recientemente).

Cuestiones de agenda

Hay muchas cuestiones de agenda que es necesario adoptar y/o discutir para que el sector de las comunicaciones despegue en forma sustentable y sea un elemento de transformación económica y social.

La compartición de la infraestructura de telecomunicaciones, ya establecida como medida, debe implementarse plenamente, por cuanto permite disminuir costos e incrementar la competencia.

La unificación de legislaciones municipales, provinciales y nacionales para el establecimiento de infraestructura (especialmente torres celulares) es otro punto con pocos avances: la variedad de criterios y legislaciones —cuando no prevenciones fantasiosas sobre impacto ambiental— traba y afecta inversiones.

El uso de los subsidios del Servicio Universal (FFSU, fondo formado con los impuestos que se le aplican a los prestadores para subvencionar proyectos TIC que permitan reducir la brecha digital) o del FOMECA (igual, pero para promover proyectos de contenidos o infraestructura de radio y TV), ¿debe ser efectuado sin un debate intensivo y controles adecuados?

¿Por qué los subsidios del FFSU van en una mayoría de casos a entes estatales —incluso se usarán para dar Internet a las cárceles, en una proporción equivalente a la quinta parte del fondo ejecutado si se toma 2021— en lugar de ir a cooperativas y pymes? ¿se siguen así los lineamientos de la ley?

¿Por qué no se publican agrupadamente los nombres de beneficiarios y montos concretos, en lugar de cifras globales, del FFSU y del FOMECA? La página de «datos abiertos» de Enacom (que sólo exhibe datos desagregados del FOMECA hasta 2019) es inservible para estos casos. Solo se pueden derivar datos de actas de directorio y del Boletín Oficial haciendo un laborioso trabajo compilatorio.

¿Es lógico que los fondos del FOMECA se incrementen exponencialmente en proyectos con necesidades en un país con tantas urgencias y que —además—, recaigan casi siempre en sectores excluyentemente identificados con las mismas concepciones y relaciones, dejando a otros de lado?

¿Cuánto se vende, a quién y a qué precios de la capacidad de los satélites ARSAT? ¿Qué costos insume la operación de la red de fibra nacional de fomento de ARSAT para permitir la conectividad de prestadores en zonas pequeñas, que política de ventas existe y cuáles son los prestadores que la usan y en qué condiciones?

¿Cómo se manejan las distintas empresas estatales provinciales, a veces superponiéndose a ARSAT, que se han creado en los últimos tiempos para desplegar fibra e incluso pretender la operación de servicios celulares reclamando de la Nación los citados fondos del FFSU y la cesión sin cargo de espectro? Poco y nada se informa ni se sabe sobre estos puntos.

¿Por qué no se implementa el concurso abierto y permanente indicado por la ley de medios, que dispone un Plan Técnico para radio y TV abierta con todas las frecuencias disponibles y en cambio, el gobierno decide cuándo y dónde llamar a concursos a discreción con listas de frecuencias parciales que se hacen pasar como el nunca aprobado Plan Técnico general?

Claro que eso dudosamente se podría hacer porque el espectro de AM, FM y TV está saturado de emisoras sin título legal que impiden adjudicar esas frecuencias a partir de una verdadera libre concurrencia.

A su vez, tales emisoras van siendo legalizadas convalidando los canales que ya usan y que muchas veces constituyen «excepciones» a parámetros técnicos adecuados, perpetuándose así un espectro «sucio» desde hace un tercio de siglo.

¿Qué se hará con la TV digital abierta (TDA)? ¿Es conveniente que el Estado, en sus propios transmisores, decida por simple discrecionalidad qué señales de terceros incluir y así regalarles cobertura abierta en todo el país con dineros públicos? La TV gratuita existe desde 1951 (no desde la TDA) y desde siempre los canales financiaron sus propios trasmisores y repetidoras, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo hacia el futuro si esos canales obtienen las licencias correspondientes?

La radio y TV públicas son un tema aparte. Por décadas se ha debatido o prometido de todo en cuanto a sus funciones, ecuanimidad y calidad.

Pero hasta que no cambie el approach y esos medios no se reconstruyan de cero y se pongan —por ejemplo— a cargo de fundaciones independientes creadas ad hoc, con directorios pluralistas, capacitados y con autonomía de gestión y financiamiento, serán siempre botines políticos y voceros del partido de gobierno.

La agenda efectiva seguida hasta ahora desde esferas oficiales y de la que no parece haber cambios se ha limitado a financiar mayormente proyectos de infraestructura o dispositivos TIC en barriadas vulnerables.

Recientemente hubo un relanzamiento del plan Conectar Igualdad de reparto de netbooks 

Como ocurre con los planes sociales, estas medidas tienen sentido si esos recursos llegan a un costo eficaz a sus reales beneficiarios y no degradan a meros proyectos de clientelismo y en beneficios indebidos a sus intermediarios. No hay estudios ni auditorías evaluativas reales de estas políticas.

El reciente relanzamiento del plan Conectar Igualdad de reparto de netbooks (de capacidades limitadas), que en los hechos fue cancelado en la gestión anterior, será positivo solo en la medida que se realicen estudios sobre su efectividad —que jamás se han hecho ni hay interés en hacerlos— y si tampoco benefician con sobreprecios a sus proveedores, como ocurrió en el pasado.

El resto de medidas adoptadas en el área de comunicaciones —y que no son continuidades administrativas— resultan meramente restrictivas, reactivas o de imposición simbólica ideológica.

En esta gran piñata entran desde los desordenados controles y limitaciones del DNU 690 hasta el establecimiento de «observatorios», defensorías e institutos estatales de efectos inciertos en la libre expresión pero muy ciertos en la creación de cargos y funciones. También la obsesión de imponer «desde arriba» (y desde el punterismo político «ilustrado») temas de «lenguaje inclusivo» o de género.

Pero más allá de sus efectos, nadie puede creer seriamente que medidas de este tipo (y aun agregando a Conectar Igualdad o proyectos en barrios populares como hipotéticos elementos positivos) constituyan la médula o la centralidad de una política de comunicaciones y TIC del siglo XXI.

Información, anomia, macroeconomía y trato desigual

Sin información no puede delinearse ni debatirse adecuadamente ninguna agenda del sector, que tampoco tiene mucho sentido si la endémica anomia argentina se impone sobre la observancia a la ley.

Artículos de la ley de medios en cuanto a limites de propiedad o participación de empresas de servicios públicos son eludidos —sin dejar de adecuarse a la letra legal— mediante ingeniería societaria, lo que demuestra también las fallas de ese instrumento. Otras disposiciones de medios o telecomunicaciones son ignoradas tanto por el gobierno como por las empresas.

Pero por sobre todo, ni la mejor y más procompetitiva y pluralista regulación TIC podrá lograr inversiones y desarrollo de los servicios en favor de usuarios o audiencias si las condiciones macroeconómicas no cambian: empezando por el 50,9% de inflación anual, así como la agobiante presión impositiva que sufren por igual individuos, pymes y grandes empresas.

Si a este panorama le agregamos trato desigual ante la ley según haya o no cercanía al «calor oficial», el ejercicio de discutir, identificar e intentar llevar adelante una agenda sectorial orientada al interés general quedará sensiblemente disminuido.

Sería una agenda desvencijada y deteriorada, tal vez como una de esas viejas agendas ajadas de papel que se conservan como reliquia de otros tiempos: muy lejana de las posibilidades y beneficios del mundo digital pleno, que aún nos sigue esperando.

En estas mismas notas, veremos qué tienen para decir expertos oficialistas u opositores sobre estos temas.