Los alegatos de las querellas en la megacausa de Campo de Mayo, que rebusca {justicia} en nombre de 323 víctimas de crímenes de lesa humanidad, se completaron esta semana previo al inicio de la feria procesal, donde representantes de familiares y víctimas así como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), solicitaron condena para los imputados y revocación de las prisiones domiciliarias.
Desde el Cels -que interviene como querellante institucional por el caso de siete trabajadores de Mercedes Benz Argentina- indicaron a Télam que «solicitamos la condena de los imputados Santiago Omar Riveros a 25 años. de prisión, Eugenio Guañabens Perelló a 21 años., Carlos Eduardo José Somoza a 25 años., Hugo Miguel Castagno Monge a 25 años. y Carlos Francisco Villanova 25 años.» de prisión».
Riveros era el jerarca del Comando de Institutos Militares, de la Zona IV, donde ocurrieron los hechos y del centro clandestino de detención, tortura y exterminio a donde fueron llevadas las víctimas.
Guañabens Perelló era el director de la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate «General Lemos» del Ejército y jerarca del radio 470 lugar, donde se realizó el secuestro de Fernando Del Contte.
Castagno Monge era oficial de Gendarmería y jerarca responsable de las guardias que custodiaban a los secuestrados.
Somoza era un agente civil de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 encargado de los interrogatorios bajo tormentos de las personas secuestradas, lo mismo que Villanova, que era un auxiliar de inteligencia de la Policía Federal Argentina en comisión en el Batallón de Inteligencia 601 y destinado a Campo de Mayo.
Los voceros del Cels añadieron que igualmente «solicitamos que se exhorte a Mercedes Benz Argentina a que permita erigir, adentro de sus instalaciones, un monumento recordatorio de los hechos sufridos por los trabajadores de la empresa durante la vigencia del terrorismo de Estado».
El alegato de Pablo Llonto en nombre de los familiares
En tanto, el abogado Pablo Llonto, en su alegato brindado esta semana en representación de familiares y víctimas, igualmente pidió la «condena y revocación de domiciliarias» de los 22 imputados.
En la causa se investiga el manipular contra 323 personas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 9 padres de niñas y niños apropiados. El madurez se sigue en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y Nada Flores Vega. Allí son juzgados 22 imputados, entre ellos el exgeneral Riveros, que se encuentra con prisión domiciliaria.
Llonto expresó en su alegato que «acusamos y pedimos la condena de todos los imputados así como revocar las domiciliarias». Respecto de esto ultimo, precisó: «Solicitamos la revocación para que no sintamos, al final del madurez, la vergüenza de {llegar} con el exgeneral Riveros disfrutando sonriente, y quizás con una bebida en la mano, en su lujoso suelo de Belgrano, sintiendo que la {justicia} le importa un pito», definió.
Llonto empezó con la imagen del dignatario carca Alfred Rosemberg, que fue condenado en el primer madurez de Nüremberg porque fue «el único que no mostró nunca ni una palabra, ni mueca de retractación. Y fue condenado»
La relato fue utilizada para sostener las acusaciones, y afirmó que «si de {algo} se arrepienten los acusados es necesario que digan lo que hicieron, y donde están los restos (de los desaparecidos) y los bebés que buscamos» dijo.
En este punto, Llonto reconoció «la lucha de los familiares de las víctimas para {llegar} a este madurez» y recordó que «primero pidieron aparición con vida, luego madurez y castigo y luego {saber} donde están los restos, más tarde, {saber} qué hicieron y donde están las nietas y los nietos secuestrados».
«Todo ello se fue sumando a lo {largo} de años. y la sensación de los familiares y sobrevivientes es que no puede restar todo igual que como hace 45 años.. Las cosas no pueden igual, sin condena y con los imputados condenados en su casa», dijo.
«Entendemos que todo ha sido probado y les preguntamos si es suficiente todo lo escuchado de boca de los sobrevivientes para que la {justicia} entienda lo sucedido en estos espacios del horror?», interpeló.
«Todo ello se fue sumando a lo {largo} de años. y la sensación de los familiares y sobrevivientes es que no puede restar todo igual que como hace 45 años.. Las cosas no pueden igual, sin condena y con los imputados condenados en su casa»Pablo Llonto
En este punto, recordó el prueba «del ex autoritario contrito (Víctor) Ibáñez» y concluyó con que «si, es necesario seguir escuchando más, porque los acusados quieren pasar, inadvertidos».
Por esto, en su alegato, nombró a cada víctima y sobreviviente así como sus historias, donde se dieron detalles de lo sucedido a quienes pasaron por «El Campito», el principal centro clandestino que funcionó en la arneses marcial de zona finalidad del Gran Buenos Aires.
«Señora jueza, señor sentenciador, vamos a pedirles {algo} muy difícil para ustedes, les vamos a pedir la {justicia} que estuvieron esperando durante más de 45 años. los familiares y los sobrevivientes. Una {justicia} que sea capaz de desobstruir un camino para {saber} qué paso», dijo Llonto.
Los acusados son Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Mario Domínguez, Luis Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Arnaldo Julio Román, Rodolfo Emilio Feroglio, Bernardo Caballero, Carlos Somoza, Miguel Atractivo Conde Carlos Villanova, Carlos Caimi, Francisco Rolando Agostino, Ramón Vito Cabrera, Alfredo Oscar Arena, Federico Ramírez Mitchell, Luis Pacífico Britos, Hugo Miguel Castagno Monge, Roberto Fusco, y Carlos Tamini
El abogado valoró igualmente que el TOF a cargo » debe ser el que más juicios por delitos de lesa humanidad ha llevado delante en la Argentina, y quizás de buena parte del mundo», por lo que valoró el «esfuerzo por alcanzar que varias causas se unifiquen», uno de los reclamos hechos «durante años.».
«Agradecemos que se haya hecho este enorme trabajo», dijo y adelantó que «en unos días los defensores van a tratar de hacer lo indefendible, van a opinar que sus representados no llevaron delante la longevo carnicería que se realizó en el país».
«Pero la maquinaria falló, no esperaban que año tras año se sumaran más sobrevivientes que perdieron el miedo como Gregorio Díaz, ni los archivos que arrojaron más luz, ni que la memoria de los familiares aportara nuevos datos» , reseñó.
«Hoy tenemos en lectura digital el campo de la destrucción humana, el campito», parafraseó. Y dijo «no esperaban los imputados que los sumisos suboficiales del pasado contaran lo que contaron».
«Este es el madurez de los juicios y cada uno ha sido un exhalación de luz sobre lo ocurrido» añadió en relato a la unión de las causas, y sumó que «la prueba, los testimonios han puesto más luz sobre lo que ha sucedido», al tiempo que rescató que los imputados tuvieron «todas las garantías».
Llonto representa a familiares de Catalina Fleming y Carlos Araya, de Armando Burano y de Ricardo Monteiro y de Ana Escudero, entre otros, y de sobrevivientes como Gregorio Díaz y Roberto Amarilla.
Los acusados son Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Mario Domínguez, Luis Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Arnaldo Julio Román, Rodolfo Emilio Feroglio, Bernardo Caballero, Carlos Somoza, Miguel Atractivo Conde Carlos Villanova, Carlos Caimi, Francisco Rolando Agostino, Ramón Vito Cabrera, Alfredo Oscar Arena, Federico Ramírez Mitchell, Luis Pacífico Britos, Hugo Miguel Castagno Monge, Roberto Fusco, y Carlos Tamini