Una abogada de la División Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que estuvo en el lugar, donde tres efectivos atacaron a balazos a Lucas González y a sus tres amigos en el barrio, de Barracas el pasado 17 de noviembre, es la primera civil investigada por su presunta participación, en el encubrimiento del hecho, ya que para el fiscal su permanencia allí coincidió con el momento en el que se adulteró la ámbito y adicionalmente «no estaba asignada al procedimiento».
«No se entiende la causa por la que una funcionaria de la División de Asuntos Internos y Contenciosos de la Policía de la Ciudad con una experiencia de casi 4 años. y medio (…) y avezada en leyes del derecho, y específicamente en materia del derecho penal (se desempeña en División Asuntos Penales), se presente en el lugar, y permanezca durante el tiempo que lo hizo durante la serie de conductas ilícitas que se llevaban a promontorio allí», consideró el fiscal de Instrucción Leonel Gómez Barbella al pedir la detención e indagatoria de la letrada mediante un escrito al que accedió Télam.
No obstante, el enjuiciador de la causa, Martín Del Viso, no hizo por el momento lugar, a la petición respecto de la letrada -ni de otros cinco policías a quienes el fiscal asimismo pidió indagar-, por entender que «luce prematuro e impide, adicionalmente, efectuar una correcta imposición de los hechos en todo su eventual trascendencia peculiar», de acuerdo al la resolución a la que asimismo accedió esta agencia.
Según la fiscalía, la abogada fue situada entre las 10.30 y 11 en Perdriel y Alvarado por testigos que la identificaron como una mujer «rubia», «vestida de civil y con pollera» que estaba {junto} a «un hombre de camisa blanca» que «observaba permanentemente» el interior del automóvil Volkswagen Suran de los adolescentes que había sido baleado e «iba y venía todo el tiempo» y «daba vueltas cerca de» del transporte.
«La actividad desplegada por la imputada conllevó a modificar, ocultar y falsificar fundamentos de prueba con el firme aseguro de la continuidad de la ejecución de los delitos realizados a partir del arribo del automotor de los adolescentes», consideró el representante del Ministerio Público, Fiscal.
Al pedir su detención, Gómez Barbella hizo constar que «la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad informó que la abogada se encontraba de agente de ‘cooperación letrada inmediata'» aunque «no estaba asignada al procedimiento».
El fiscal destacó adicionalmente que mientras ella estaba en el lugar,, dos de los amigos de Lucas «permanecían esposados en el suelo» y «les fue ‘plantada’ el arma, de cotillón» en el automóvil.
«Frente a ello, {fácil} es concluir que al rodado en cuestión no se encontraba resguardado de cualquier otra persona ajena al procedimiento, porque claro está, la abogada referenciada se trataba de una funcionaria ciertamente que por sus propias actividades no debería permanecer en el sitio. En tal sentido, su presencia nada más se justifica en brindarles ‘ayuda o asesoramiento legítimo’ al resto de los encausados policías para poder realizar los hechos ilícitos ocultando cualquier extremo que permita que sean descubiertos y en presencia de su amparo se permitieron semejantes sucesos», escribió el fiscal.
Para el Ministerio Público,, «el fraguado de actuaciones policiales», «el sufrimiento infundido» a los amigos de Lucas, «la utilización de testigos policías falsos mediante esos testimonios guionados en el sumario repujado por la Policía Federal Argentina» y «las maniobras encubridoras desplegadas», «forman parte de la matriz y ‘modus operandi’ evidenciado en la pesquisa de la que la abogada evidentemente no fue ajena».
Debido a que el enjuiciador no hizo lugar, por el momento que sea indagada, Gómez Barbella continuará reuniendo pruebas en pesquisa de sustentar con más fundamentos su inculpación y retornar a pedir el arresto de esa imputada y de otros cinco policías a quienes asimismo pidió inquirir en el situación de la causa, dijeron los voceros consultados.
En tanto, al cumplirse un mes del hecho, Del Viso hizo lugar, a otros cinco resolución de policías pedidos por el fiscal, quienes esta mañana comenzaron a ser indagados asimismo por el encubrimiento el hecho.
Se alcahuetería del comisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Encanto Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; todos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.
Estos acusados se suman a otros seis ya procesados con prisión preventiva, los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, por «falsedad ideológica, encubrimiento agravado, privación ilegal de la privilegio agravada y vejaciones»:
En tanto, por el homicidio calificado de Lucas y la tentativa de homicidio calificada de sus amigos están asimismo procesados y bajo arresto preventivo los policías de la Ciudad Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.
El asesinato de Lucas
El hecho sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a lado del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un templete situado en Iriarte y Luna, para comprar un néctar.
Tras ello fueron interceptados por un automóvil Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin documento ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar,, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.
Al menos cinco tiros dieron en el automóvil y uno de ellos impacto en la persona de Lucas, quien tras ser atendido de emergencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas posteriormente en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela