Ariel Ruarte, abogado defensor de Milagro Sala, consideró como «otro avance del Lawfare» a la causa que se sigue contra la dirigente social y otras cinco personas por haber, promovido incidentes durante una protesta municipal y que el viernes fue elevada a entendimiento.
El sabio sostuvo que el procedimiento de elevación a entendimiento está suspendido y fue «recurrido producto de la incompetencia del sentenciador» de Control Número 1 de Jujuy, Gastón Mercau, quien armó una imputación «de forma precaria» sobre la colchoneta de «una supuesta incitación a la violencia que no está acreditada».
Los incidentes en cuestión ocurrieron en el barrio, citadino de Campo Verde, cuando vecinos protestaban en contra de la osadía del Gobierno jujeño de construir un colegio secundario en un único parque de la zona.
El conflicto derivó en operativos policiales, uno de ellos realizado el 8 de marzo, cuando varios uniformados repostaron haber, recibido «heridas de consideración», según difundió ayer el Poder legal jujeño, al informar que Mercau había dispuesto la elevación a entendimiento de la causa.
“Atentado a la autoridad” es el delito imputado a las cinco personas y además a la dirigente social, sindicada como «determinadora directa» del mismo, bajo el argumento de que, desde su casa, donde permanece con prisión domiciliaria, habría mantenido una conversación telefónica en la que habría instigado a cometer la ataque contra la autoridad policial.
“Apelé la elevación a juicio en base a varias razones, la primera es que el juez no es el competente. Esto es u avance del Lawfare», comentó Ruarte a Télam y explicó que el delito que se investiga debería ser investigado por el juez de Control en lo Penal Económico Rodolfo Fernández.
Al respecto, fundamentó que Mercau «es un juez ordinario», y apuntó que «de los tres fiscales intervinientes en el proceso, dos avanzaron entendiendo lo mismo».
Otra razón de oposición es que el fiscal que tomó el audio en el cual se origina la supuesta participación de Sala, lo hizo “de manera arbitraria”.
“Decide arbitrariamente que cuando la voz femenina que se escucha habla de que tienen que ser muchas personas eso ya es indicio de una resistencia con violencia. De ninguna manera puede entenderse así una manifestación que sea cuantiosa”, sostuvo Ruarte.
En tanto, señaló que la supuesta prueba fue colectada en colchoneta a una autorización por otro expediente, y recordó que «el sistema lícito señala que debe haber, una resolución de un sentenciador autorizando este tipo de escuchas»
«En este caso se utilizó una autorización de otro expediente, que encima señala expresamente que la audición está dada para acechar otro delito en el cual no tenemos ninguna participación, ni mi defendida ni yo, es afirmar que siquiera cuenta con la autorización que se necesita a los fines de una excepción”, argumentó el abogado.
Respecto a la monasterio de la prueba, observó que además “fue al margen del sistema constitucional porque de ninguna manera se puede explicar por qué eligieron justo de entre todas las voces femeninas la provincia de Jujuy, la de Sala”.
“El fiscal tiene que actuar de manera razonada, no puede hacerlo en base al prejuicio de que cada vez que se inicie una causa se investigue qué vinculación tiene Milagro”, resumió.