Un proyecto. para actualizar la Ley de Educación Superior (LES), actual desde 1995, búsqueda incorporar a ese nivel de enseñanza a estudiantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, minorías que no fueron incluidas en la norma, lo que profundizó la «discriminación estructural» de esos sectores históricamente invisibilizados consideró este martes Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional, Alcira Figueroa (FDT), de Salta, elaborada por la Cátedra Unesco de la Untref, y cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las 57 universidades públicas del país, y del secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa.
Dado que muchas universidades están ubicadas a más de 500 kilómetros de las comunidades originarias, las dificultades para ingresar a la educación superior origina el desmembramiento de esos pueblos si los jóvenes emigran para avanzar sus estudios superiores.
También influye, explicó Mato, la desliz de becas específicas que pongan en pie de igualdad a los integrantes de estos sectores con el resto de la sociedad, lo que incluyen el respeto integral por sus culturas y costumbres.
«El Estado tiene una responsabilidad enorme de promover estos procesos multiculturales». Daniel Mato
«La Ley de Educación Superior asegura derechos a personas con discapacidad, por condición y orientación sexual, pero mínimo dice sobre los pueblos originarios y los afrodescendientes, y esto no solo es inconstitucional sino que, incluso, es discriminatorio», dijo a Télam Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Untref.
Mato aseguró que Argentina «está obligada por tratados internacionales incorporados a la Constitución a incorporar en la LES esta aggiornamento» y añadió «que ellos no estén, y sí otros sectores palabra de un sesgo racista en nuestra sociedad».
De acuerdo al ultimo censo, existen casi 150.000 personas afrodescendientes en el país, mientras que cerca de 955.000 personas se identifican como indígenas.
Solo el 10% de los jóvenes de entre 20 y 29 años. provenientes de comunidades indígenas cursa estudios de nivel superior, en comparación al 35% de la población general- del mismo rango etario, según datos del Censo Nacional 2010.
Los originarios que ingresan en la educación superior son muy pocos ya que muchas escuelas secundarias carecen de interculturalidad, y en las universidades «existe una vacancia en el conocimiento y cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes», dijo Alpa, durante la presentación posible del proyecto..
De esta forma, los esfuerzos que realizan las universidades para entregar el llegada a estos sectores «son individuales, no hay una ley que obligue al Estado a certificar esos derechos», detalló Mato.
En 21 de las 57 universidades públicas existen algunos programas que favorecen la inclusión y sólo en dos de ellas, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) hay programas de becas específicas para estos estudiantes.
En la UNNE el programa, de becas existe desde el 2015, pero desde ese año hasta la fecha, solo se dispusieron 60 becas para una casa de estudios superiores que agrupa a estudiantes de Chaco, Corrientes y el septentrión de Santa Fe.
«Esto es por el desinterés de las autoridades nacionales que no están obligadas por ley a otorgar estos fondos especiales», dijo Mato, quien señaló que la Universidad Nacional de Misiones incluso tuvo un programa, de becas, pero no pudo sostenerlo.
El CIN, en su plenario de marzo pasado, reclamó la «necesaria y urgente» aggiornamento de la LES para resolver estos problemas de incumplimiento de derechos en los que incurre la norma actual por omisión
«Solo se comercio que la LES se ajuste a la Constitución, no de una ampliación de derechos. Si se omite a los afros y a los originarios no se lo hace sólo por racismo sino porque no tienen capacidad de movilización», dijo Mato, y consideró que Argentina es uno de los países mas retrasados de América.
Para Alpa «más allá de que es una propuesta de inclusión del sistema universitario, estamos hablando de un derecho humano universal a la educación superior y tenemos que plasmarlo, comprenderlo e incluirlo».
Luego indicó que se necesita una estatuto «para divisar estos derechos no solo en el llegada a la universidad, sino incluso pensarlos desde la inteculturalidad».
«El Estado tiene una responsabilidad enorme de promover estos procesos multiculturales», agregó.
Para la diputada Alcira Figueroa se comercio de «un proyecto. de condición y necesidad» ya que «estamos en emergencia en lo que respecta a pueblos originarios, en emergencia ambiental, en emergencia sanitaria, en emergencia de nuestra madre, tierra», sentenció.
«Creo que debemos recuperar la historia, la civilización, y la visión de la vida» que tienen los pueblos indígenas.
«Necesitamos paradigmas nuevos que tengan que ver con la cosmovisión indígena, con el buen conducirse, redescubrirnos con los saberes, las culturas, y su forma de pensar», concluyó.
