Ex subsecretario general- de la ONU, Khan estuvo tres días en Colombia, donde se vio con autoridades judiciales, legisladores, organizaciones civiles y funcionarios del Gobierno. Foto: AFP.
El acuerdo firmado entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que cerró posteriormente de 17 años. el examen que ese organismo internacional mantenía sobre el país marcó para el mandatario un éxito en un ámbito, el de la equidad y los derechos humanos, en el que siempre recibió más críticas que aplausos.
Cuestionado casi sin matices por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), despierto por Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y mirado de reojo por la OEA y la Unión Europea (UE), por ejemplo, por el crimen de líderes sociales y la represión a las protestas durante el paro abril-junio, el Gobierno vivió el acuerdo como un triunfo.
«El compromiso que suscribimos con la CPI es hoy relato para la región, es vinculante y permanente, generando confianza en los colombianos y garantizando que no haya impunidad, evitando que los victimarios se burlen de sus víctimas»,capitalizó de inmediato Duque en Twitter.
Luego de 17 años. de exámenes preliminares de la @IntlCrimCourt, nuestro compromiso como Gobierno es hacer de esta cooperación un hecho histórico, que ahonde por velar la aplicación de los principios de verdad, equidad y reparación, y así asegurar la no repetición. pic.twitter.com/hAY2QiNuCC
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 28, 2021
La examen de la CPI estaba en cinco items: la promoción y expansión de grupos paramilitares, los desplazamientos forzados, los delitos sexuales en el conflicto, los llamados «falsos positivos» –jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate- y los compromisos en equidad que se establecieron en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC.
En concreto, lo que sellaron Duque y el fiscal Khan talego a Colombia de la letanía de observación del tribunal internacional, lo que supone que el país «está a la importancia de sus obligaciones internacionales al igual que en sus obligaciones reglamentarias con pulvínulo en el principio de complementariedad», en palabras del jurista inglés.
Ex subsecretario general- de la ONU, Khan estuvo tres días en Colombia, donde se vio con autoridades judiciales, legisladores, organizaciones civiles y funcionarios del Gobierno, ayer de seguir alucinación en torno a Venezuela.
En la suerte del acuerdo parece deber pesado un extenso referencia que Bogotá le hizo demorar el 26 de septiembre, y en el que, entre otros puntos, se resaltó que «la democracia más antigua del continente» había conseguido crear «mecanismos propios para obtener la paz tras 50 años. de conflicto».
Según las cifras que entregó el Gobierno, 76 mil miembros de grupos armados se desmovilizaron y entregado sus armas entre 2001 y 2021, en el situación de la Ley de Justicia y Paz, y hubo 66 sentencias, 560 condenados y 10 mil hechos juzgados.
Se ha acreditado encima 22 mil víctimas y las indemnizaciones superaron los 230 millones de dólares.
El acuerdo Estado-CPI tiene al punto que siete artículos, y el primero compromete al Gobierno a continuar apoyando los procesos pertinentes en presencia de las diferentes instancias judiciales, incluyendo la equidad ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Centro Democrático, el partido de Duque, fue el principal crítico del acuerdo de paz que precisamente creó las instancias jurídicas especiales y su mayor referente, el expresidente Álvaro Uribe directamente las desconoce, pero el presidente tuvo la astucia de mostrarse como un impulsor de los entendimientos de 2016 y hasta un cuidador de su cumplimiento.
«Luego de 17 años. de exámenes preliminares de la CPI, nuestro compromiso como Gobierno es hacer de esta cooperación un hecho histórico, que ahonde por velar la aplicación de los principios de verdad, equidad y reparación, y así asegurar la no repetición», resaltó.
Desde el 2004, probablemente uno de los momentos más ásperos del conflicto armado, Colombia estaba en letanía de países bajo observación de La Haya, y ese status significaba que en cualquier momento la CPI podía pedir enjuiciar a ciudadanos del país acusados de crímenes de supresión y lesa humanidad.
Ahora, Duque comprometió al Estado en la tarea de custodiar «el situación constitucional y constitucional establecido y su estructura», asignar el presupuesto necesario para su implementación y evitar «cualquier interferencia con sus funciones».
El texto incluso establece reglas de seguridad estrictas para exguerrilleros y personal procesal, y estipula que Colombia debe seguir informando a la Fiscalía sobre los avances de las investigaciones, que habrá visitas anuales e intercambios entre la Fiscalía de la CPI y las instituciones colombianas y que La Haya participará en programas para profesionales jurídicos locales sobre decisiones emitidas por ese organismo internacional.
También habrá mecanismos de reconsideración de esta aprobación, de acuerdo con los sucesos que se pudieran presentar.
«Colombia, en presencia de los fanales del mundo, ha fortalecido sus instituciones judiciales», celebró el presidente.
La salida de Colombia de la letanía disgustó a varias organizaciones, aún cuando incluya un respaldo a la JEP, valorada desde varios sectores.
Desde la ordenamiento que agrupa a madres de víctimas de ejecuciones judiciales, Jacqueline Castillo, advirtió que «los avances en la equidad acá son casi nulos, porque con la competencia ordinaria hubo 13 años. de impunidad, y en la Jurisdicción Especial para la Paz aún errata mucho por avanzar en cientos de crímenes cometidos por el Estado».
El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero, en tanto, consideró «problemático» el motín de la observación, aunque sea «un reconocimiento al trabajo de la JEP».
«Se han registrado múltiples ataques al trabajo de la competencia. Además, en temas como el desplazamiento, al punto que se está comenzando a avanzar en la JEP y la impunidad en este delito continúa siendo del 95%», expresó.
También para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) el acuerdo merece un cuestionamiento: «Consideramos que la osadía de interrumpir la investigación es una leída errada del contexto político y social que atraviesa el país», señaló la ordenamiento en su cuenta de Twitter.
Y en la misma red el titular de HRW, José Miguel Vivanco, escribió: «La osadía del Fiscal de la CPI de cerrar su examen preliminar en Colombia con un acuerdo de cooperación es prematura, equivocada y contraproducente. La osadía puede dejar a la JEP más expuesta en presencia de ataques contra su independencia».
Fuente de la noticia: Agencia Telam
