Keiko Fujimori, la ex candidata con problemas con la neutralidad.
La Policía peruana detuvo esta semana al director del sección andino de Arequipa, Élmer Cáceres, imputado por la Fiscalía de entregar obras públicas por sobornos y comprar el silencio de siete de 14 miembros del Consejo regional.
La detención se produjo en momentos en que parece apretarse el cinturón el cerco contra otros gobernadores, se calma la extradición del expresidente Alejandro Toledo, se tramita la posible destitución del corregidor de Lima, Jorge Muñoz, y el Gobierno exploración embajador en Venezuela, pues al escogido, Richard Rojas, le impidió la Justicia salir del país.
«La corrupción es una existencia nacional, que permea a todas las instituciones», dijo en entrevista con Télam el politólogo Roger Santa Cruz, respecto a los múltiples casos que involucran a decenas de funcionarios de diverso nivel y de todos los puntos del portería iris ideológico.
«Para combatir el problema, porque erradicarlo es inalcanzable, se requiere de una reforma institucional profunda, una reforma política, una reforma legislativo, pero los encargados de hacerlas no las hacen», añadió Santa Cruz.
Según la Contraloría, en 2019 la corrupción dejó pérdidas por el equivalente a unos 5.900 millones de dólares y en 2020 a unos 5.700 millones. Así, en promedio, Perú pierde al año rodeando de 3,3 % de su Producto Bruto Interno (PBI). Solo 0,7 puntos menos que lo se dedica a Educación.
Alberto Fujimori, uno de los ex presidentes que se sentó en el banquillo.
«Con lo que se perdió el año pasado (por corrupción) se hubiera podido eliminar fácilmente la brecha de pobreza que involucra a nueve millones de peruanos», resumió el contralor general-, Nelson Shack.
Si se obvia al centenario general- Francisco Morales Bermúdez -sin deudas con la Justicia peruana pero condenado a cautiverio perpetua por la italiana por violaciones a derechos humanos en su dictadura (1975-1980)-, todos los expresidentes peruanos vivos tienen problemas con la Justicia, menos el suplente Francisco Sagasti (2020-2021).
Alberto Fujimori (1990-2000) paga desde 2005 una condena a 25 años., la que incluye varios casos de corrupción, aunque lo vivo son crímenes de lesa humanidad, mientras Toledo (2001-2006), receptor de millonarios sobornos según las pesquisas, hace esfuerzos para que el Gobierno de Estados Unidos no apruebe una extradición a la que la Justicia de ese país le dio luz verde.
Ollanta Humala (2011-2016) calma con restricciones en su franqueza a que siga su proceso por sobornos, que lo tuvo ya un tiempo en la mazmorra; Pedro Pablo Kuczkynski (2016-2018) está en prisión domiciliaria por nexos con la constructora brasileña Odebrecht, y su reemplazante, Martín Vizcarra (2018-2020), enfrenta pesquisas fiscales por hechos de cuando era director de Moquegua.
Además, Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en 2019, cuando parecía obligatorio su encarcelamiento por delitos en el segundo mandato. El expresidente igualmente enfrentó numerosas acusaciones tras su primer período, pero no hubo sentencias.
Los líderes de los mayores partidos del momento, Perú Libre (PL) y Fuerza Popular (FP), Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori en ese orden, podrían ir pronto a la mazmorra. Al menos así lo piden fiscales que los acusan, entre otros delitos, de formar «organizaciones criminales».
Humala y Garcìa otros dos acusados de corrupción.
Cerrón, a nombre de cuyo partido de izquierda llegó a la presidencia Pedro Castillo, es imputado de integrar una red que hacía negocios oscuros con licencias de conducir. Contra él, encima, está vivo una sentencia de cuatro años. de prisión suspendida (franqueza restringida) por irregularidades cometidas como director de Junín entre 2011 y 2014.
Fujimori, cuyo partido de derecha es el principal de la concurso y quien estuvo cerca de triunfar la presidencia en 2011, 2016 y 2021, es acusada de cobrar pagos de Odebrecht y copular una ordenamiento para colar ese plata. La Fiscalía pide 30 años. de prisión, y de hecho ya pasó varios meses encarcelada en forma preventiva.
Cáceres, protagonista del escándalo político-judicial de la semana, no es el primer director en esa situación: hay 10 mandatarios departamentales elegidos para este período o los recientes en la mazmorra, dos en arresto domiciliario, cinco con sentencias con prisión suspendida, uno está prófugo y 25 enfrentan procesos.
El que afronta la decano pena es el exgobernador de Áncash César Álvarez, con 25 años. porque sus acciones incluyeron un crimen. Lo sigue el excandidato presidencial Gregorio Santos, que paga 19 años. por delitos como director de Cajamarca.
El proceso de destitución contra el corregidor limeño Muñoz es porque se le acusa de cobrar plata de la empresa de agua por participar en reuniones de directiva, aunque él asegura que los retornó.
Su antecesor, el conservador Luis Castañeda Lossio, tiene graves acusaciones, pero todo está suspendido por su mal estado de vitalidad, y la previo, Susana Villarán, de centroizquierda, enfrenta su causa en franqueza, aunque estuvo en prisión preventiva.
También hay decenas de congresistas o excongresistas condenados, procesados o investigados, y la corrupción es una constante en el Poder Judicial, en el que se desarticuló hace poco una poderosa mafia de la que hacía parte el entonces fiscal general-, Pedro Chávarry.
Pocas instituciones escapan del festival. El excomandante general- del Ejército Edwin Donayre paga cinco años. de mazmorra porque robaba la gasolina que se le daba a la institución. Fue encarcelado cuando, ya en retiro, era congresista.
Aunque la corrupción llegó a grados extremos en el Gobierno de Fujimori, cuando al mando del asesor Vladimiro Montesinos -condenado a 25 años. en 2001- se cometieron delitos de todo tipo, incluido narcotráfico, el asunto sigue, para los analistas, como una de las más graves materias pendientes en la frágil democracia peruana.
«Persecución política», suelen opinar los acusados en un monocorde discurso de respuesta, pero jueces y fiscales, en medio de sus propias limitaciones -corrupción interna incluida-, hacen esfuerzos para asociarse cada caso con pruebas sólidas.
Fuente de la noticia: Agencia Telam
