Los secuestrados y ejecutados Osvaldo Agustín Cambiasso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi.
Un aliciente oficial por un avance frustrado en el escalafón del Ejército permitió fundamentar un pedido de elevación a juicio oral, y notorio por parte de una mecanismo fiscal federal de Rosario, en una causa en la cual se investiga un robo, ocurrido en 1984, de documentación sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura marcial que se encontraba en un judicatura provincial.
Se tráfico de materiales que habían sido recolectados por la delegación almacén de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y que aportaban datos sobre la investigación que se seguía a Agustín Feced, exjefe policial de la ciudad en tiempos del terrorismo de Estado.
El requerimiento fue formulado por el fiscal federal de Rosario Adolfo Villate, y los imputados son el exjefe del destacamento de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército Héctor Fructuoso Funes y su segundo en ese destacamento Luis Américo Muñoz.
«Se tráfico de una causa que demuestra la capacidad que tenía el maquinaria represivo para anular las investigaciones y ejercitar presión sobre las instituciones de la democracia cuando empezaban las instrucciones de las causas por violaciones a los derechos humanos», señaló Villate en declaraciones a Télam.
Muñoz está imputado como autor y Fructuoso Funes como partícipe de este robo que se cometió el 8 de octubre de 1984 en la sede del judicatura de instrucción número 10 de Rosario, un hecho que se produjo días posteriormente de que la Conadep concluyera su etapa de compilación de información y testimonios que sería luego parte del mensaje «Nunca Más».
Esos utensilios se aportaban a las investigaciones judiciales sobre crímenes de la dictadura que se desarrollaban en los primeros meses de la democracia.
Según la recriminación, en horas de la mañana, Muñoz irrumpió al mando de un asociación de tareas en el edificio de los tribunales provinciales, ubicados en la calle Balcarce entre Montevideo y Avenida Pellegrini.
Los asaltantes les quitaron las armas a los policías que custodiaban el edificio y los encerraron en una habitación, de donde fueron liberados por el personal del judicatura en horas de la mañana.
Entre el material robado había armamento y municiones, carpetas, fotos, fichas dactiloscópicas y unos cien casetes de audio.
Fuentes de la Fiscalía de Rosario indicaron que había «organigramas de supuestos grupos de represión ilegal con precisiones de personas componentes de los mismos, con nombres y apodos que utilizaban para designar a personas integrantes de grupos ilegales de represión».
En el expediente de Muñoz que fue analizado por la Fiscalía Federal de San Nicolás se hallaron reclamos elevados por el entonces marcial delante las autoridades del Ejército, el profesión de Defensa y el presidente Raúl Alfonsín en su carácter de comandante en jerarca de las Fuerzas Armadas.
En esa notificación, Muñoz pedía que se revisara la calificación de apto «para continuar con su división» que le impedía lograr al rango de coronel.
El marcial dio cuenta entonces de su décimo en dos «operaciones especiales de inteligencia» en las que participó como constituyente del destacamento 101 del Ejército.
Sin dar mayores precisiones y de forma elíptica, Núñez afirmó en esos documentos que en 1983 participó de «un despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de utensilios subversivos residuales, en forma previa a las elecciones presidenciales».
«Durante el mejora del eficaz advertí que habían variado en forma significativa las previsiones iniciales, consecuentemente ordené suspenderlo tal como lo fijaba el plan original. No obstante, mi resolución, recibí orden de continuar», relató el marcial.
En esos días, en Rosario, efectivos de las fuerzas conjuntas del Ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires planificaron y ejecutaron los secuestros y ejecuciones de los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiasso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi.
Muñoz fue condenado por esos hechos, pero resultó absuelto por un parecer de Casación que el Ministerio Manifiesto Fiscal de Rosario apeló.
En la documentación relevada por la Fiscalía de San Nicolás, se consigna que Muñoz se refirió encima a un segunda operación, realizada en 1984, que «consistió en un gran despliegue de efectivos y medios, pero en esta oportunidad la finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para aceptar delante los estrados judiciales a personal marcial y civil de la Fuerza, como así incluso personal policial».
«Debo señalar que este eficaz cumplió ampliamente con su cometido. Permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos», afirmó el marcial.
Para Villate, la finalidad de Muñoz era «aliviar la presión jurídico sobre los efectivos del II Cuerpo que habían sido denunciados delante la Conadep y cursar un mensaje a sus superiores en relación a la información que manejaba sobre la represión ilegal».
En 1991, y durante el gobierno de Carlos Menem, el Senado de la Nación avaló finalmente el avance a coronel de este marcial, hoy retirado, que ahora deberá contestar delante la Justicia por un hecho que este año fue concreto «imprescriptible» por la Cámara de Casación Penal.
Fuente de la noticia: Agencia Telam