El quiebre del Gobierno pone en jaque el futuro del ente que regula las telecomunicaciones

La tormenta post electoral que por estas horas afecta la relación entre los socios políticos del Frente de Todos podría derivar además en cambios en el organismo que debe conducir el proceso de convergencia tecnológica del país y crear las condiciones de mercado para respaldar el incremento de los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radiodifusión, postales y televisión.

Se negociación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que a pesar de ser un organismo técnico de control, desde su constitución durante la preparatorio trámite del ex presidente Mauricio Macri, ha mostrado una composición más acertadamente política que en el caso de su contemporáneo directorio asegura al seguridad de las fuerzas internas mayoritarias en la alianza del Gobierno.

Es proponer, con integrantes cuyos «padrinos» son los mismos involucrados en la interna de desatada en la coalición gobernador tras la convincente derrota sufrida en las PASO del 12 de septiembre pasado: el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

De alguna forma, la proceso que tenga la pelea en la Casa Rosada además marcará el rumbo del ENACOM y sus directores, en el ámbito de un sector como el de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que ya representa el 3% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina y que debe pensar en planes y proyectos de inversión y incremento de nuevos negocios ganar al 4% y así acercarse a otro países de la región de maduro crecimiento o del resto del mundo como Alemania y Gran Bretaña, entre otros.

Por lo pronto, su presidente, Claudio Ambrosini, viene haciendo seguridad entre los dos sectores en pugna, tratando de conciliar posiciones entre los representantes kirchneristas y los nombrados directamente por el propio Alberto Fernández.

Una tarea que, en cierta forma, replica lo actuado hasta ahora por Sergio Massa quien es su referente político y quien lo ubicó en el directorio del ente como representante del Frente Renovador que lidera el ahora mediador entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Tal como hicieron el resto de los representantes de este agrupación político de la alianza gobernador en otras dependencias públicas, Ambrosini no presentó su renuncia al mayor cargo y por estas horas rebusca evitar que el quiebre del acuerdo gobernador se extienda además a los cimientos del ENACOM.

Anteriormente, fue subdirector de Prensa en el Senado de la Nación y además ocupó el cargo de Coordinador de Prensa de la Cancillería, así como la gestión de Comunicación y Relaciones Institucionales de la ANSES y secretario de Difusión de Tigre y subsecretario de Comunicación Estratégica de la Nación.

Otro que ni siquiera amagó con dejar su puesto es Gustavo López, contemporáneo vicepresidente del ENACOM. El funcionario, quien ocupó el cargo de subsecretario General de la Presidencia de la Nación entre 2008 y 2015, no parece favor seguido las órdenes de «desamparar el barco» que le dio Cristina Kirchner a sus cuadros políticos para forzar la contemporáneo crisis que envuelve a todo el Gobierno.

Por lo que pudo retener iProfesional, López pretende seguir, incluso a pesar de esta orden de su jefa política y de las críticas que, en privado, le hacen las operadoras de telecomunicaciones por sus posturas extremas y anti empresa que postula desde su puesto como lo demostró al pelar los fallos judiciales que avalaron los aumentos de precios de los servicios de comunicaciones que habían sido anulados por el ENACOM.

De hecho, tuvo mucho que ver en el decreto presidencial que en agosto del año pasado declaró al sector que incluye internet, telefonía fija y móvil y televisión paga como servicio notorio esencial.

La medida venía siendo impulsada por el Instituto Patria, la usina de pensamiento del kirchnerismo más puro para que el Estado pase a controlar desde los títulos de los servicios hasta regular los planes de negocios de las empresas privadas.

Una norma que generó gran descontento entre las compañías al punto que las únicas inversiones se orientan a perseverar cero más que las operaciones actuales sin que se vislumbren nuevos planes mientras continúe el mismo marco de incertidumbre que actualmente envuelve al sector.

Pero esta desidia de seguridad jurídica que ahora se podría profundizar por la incertidumbre que envuelve al directorio del ENACOM, no se limita sólo al Decreto 690, sino que además pone en tela de prudencia otras decisiones de un organismo más político que técnico que tienen consecuencias directas en la población porque la desidia de inversiones retrasa la presentación de nuevos productos y servicios que se requiere para que la industria pueda ser dinámica en términos de lo que representa como mecanismo de concepción de divisas para el país y de mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Genera que siquiera exista reposición de riqueza de renta por parte de los grandes players a pesar de que la industria precisa de altos niveles de inversión para perseverar la modernidad necesaria para enemistar lo que viene en materia de 5G, por ejemplo, como ya sucede en otros países vecinos como Chile, Brasil y Colombia.

De hecho, como ejemplo de la situación de incertezas que viven las compañías se puede citar el acuerdo entre Movistar y Sion para unir esfuerzos en el despliegue de infraestructura en un plan que involucra desembolsos cercanos a los u$s95 millones durante los próximos tres primaveras que estará enfocado en la construcción de nuevas redes de fibra óptica en el sur del país y/o su readecuación.

En concreto, la inversión será en la última milla y será realizada por Sion, mientras que Movistar seguirá invirtiendo en el AMBA y grandes ciudades y se llevará a angla en función de la rentabilidad y por situaciones que puedan derivar de la macroeconomía o de cuestiones regulatorias que pueden hacer variar este plan.

El ENACOM, frente a un futuro incierto.

Una clara señal a las políticas públicas que, en delante, pueda tomar el ENACOM, teniendo en cuenta que el resto de los miembros del directorio del ente además se ven afectados por los resultados de las PASO en sus provincias de origen y por la pelea palaciega que envuelve al gobierno {nacional}.

En este ribete se encuentran Raúl Gonzalo Quilodrán; María Florencia Pacheco; Alejandro Gigena; Silvana Giúdice y José Corral.

En los tres primeros casos se negociación de representantes de las provincias de Salta; Buenos Aires y La Pampa, donde el Frente de Todos (FdT) fracasó electoralmente de forma convincente.

En cuanto a Pacheco, su permanencia en el cargo además está atada a la suerte que corra el superior de Gabinente, Santiago Cafiero, a partir del pedido de «destitución» que pretenden concretar desde el kirchnerismo.

La funcionaria llegó al ENACOM de la mano del hombre de maduro confianza de Alberto Fernández tras favor sido, en el 2010 asesora Ejecutiva en Conectar Igualdad en la ANSES; en el 2016 subsecretaria de Inclusión y Asistencia Directa en el Municipio de Esteban Echeverría y en el 2019 subdirectora Ejecutiva de Prestaciones en ANSES.

En los casos de los directores del Poder Ejecutivo que representan a La Pampa y Salta, ni los millonarios aportes no reembolsables recibidos por esas provincias para desarrollar los servicios TIC lograron evitar el mal humor de las urnas.

Una situación que para Gigena se profundiza por su militancia en el kirchnerismo, ya que como en el caso de López, siquiera acató la orden de pincharse de kirchnerismo al Gobierno que dio CFK a los integrantes de la fuerza política en la cual milita.

En su provincia, las listas de Juntos por el Cambio obtuvieron el 48,90% del total, sobre el gobernador Frente de Todos que logró el 38,05% de los sufragios que se emitieron en vistas de los comicios que el 14 de noviembre se llevarán a angla para renvar tres bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado.

Con respecto al salteño Quilodrán, el Frente de Todos logró imponerse pero escasamente por 2.300 votos sumando el 30,17% del total sobre el oponente Juntos por el Cambio, que con sus cuatro listas internas acumuló un 29,75%.

Pero, de cara a noviembre, se especula con que los votos de Unidos por Salta, que se ubicó como tercera fuerza con el 12,13% del total, y los del Sí + PRS, que obtuvieron otro 10,72%, podrían ir a detener a Cambiemos.

Con respecto a Giúdice y Corral, sus puestos podrían ponerse en debate a partir de las propias internas que tienen en el seño de la alianza opositora a la cual pertenecen. La primera, por el tironeo que evidencia la relación entre Patrica Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Cambiemos.

Si acertadamente el triunfo del pasado domingo 12 de septiembre «escondió» los problemas, las diferencias se mantienen y pueden poner en tela de prudencia la representatividad de la funcionaria en el directorio del ENACOM.

Algo similar ocurre con Corral, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe que llegó al organismo en mayo pasado, por la Unión Cívica Radical, en representación de la tercera minoría parlamentaria. A las diferencias entre radicales y miembros del PRO en Cambiemos le suma que su fuerza política ocupó un cómodo cuarto puesto en su ciudad originario.

Entes en pugna

El marco descripto para el ENACOM se traslada a otros organismos y empresas estatales que los integrantes del Frente de Todos se repartieron tras ganar a la Casa Rosada en diciembre del 2019.

Como ejemplos se pueden citar los casos de Anses; el PAMI y Aerolíneas Argentinas que hasta este miércoles 15 de septiembre estaban bajo el radar de referentes kirchneristas como Luana Volnovich; Fernanda Raverta y Pablo Ceriani.

Los tres decidieron hacer caso al mandato de su jefa política y presentar sus renuncias como además lo hizo Paula Español a la Secretaría de Comercio Interior que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Se negociación de la funcionaria bajo la cual se generaron los principales planes de control de precios y programas de fomento de consumo que impulsó desde su puesto casi como segunda del ministro Matías Kulfas.

Por su parte, se muestra como incierto el futuro de otros funcionarios del mismo sector kirchnerista al frente de otros organismos oficiales de importancia como la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y los entes reguladores de servicios públicos como la electricidad, el gas y las telecomunicaciones.

En el primer caso, el organismo tiene como titular a Martín Cosentino, hombre del sciolismo y titular del PJ de Vicente López, pero como segundo se encuentra Juan Agustín Debandi, un representante camporista que en las últimas elecciones perdió la intendencia de Tres de Febrero en manos de Diego Valenzuela.

En cuanto al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), sus puestos principales además se lotearon entre funcionarios kirchneristas y massistas quienes por ahora se mantienen en el interior de la ámbito oficial.

El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, no presentó su renuncia a pesar del pedido de su jefa política, Cristina kirchner

Lo mismo ocurre con los titulares de otras empresas con billete estatal de color kirchnerista como la petrolera YPF o su par encargada de especular el placer de Río Turbio, así como sociedades vinculadas a las operaciones portuarias y de transporte que son gerenciadas por referentes del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Su futuro además es por estas horas dudoso, con versiones tan dispares que lo ubican como renunciando a su cargo o reclamando más espacio de poder.

De todos modos, Massa ya tiene delegados en el Ministerio de Transporte, con Alexis Guerrera ocupando el maduro cargo en esa dependencia y con Martín Marinucci en Trenes Argentinos, que tiene bajo su ámbito las líneas Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín, Sarmiento y Tren de la Costa, por otra parte de ramales en el interior e interurbanos.

A esto le suma el cargo de su esposa, Malena Galmarini, en AySA, la empresa estatal de agua, y los lazos que tiene con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas que además presentó su renuncia pero le fue rechaza por el Presidente.

Bajo su control se encuentra Corredores Viales, conformada por renta social íntegramente estatal, cuyos accionistas son: el Ministerio de Obras Públicas que posee el 51% y Vialidad Nacional con el 49%.

En la hogaño opera la totalidad de las autopistas con peaje en el país que fueron estatizadas en los últimos primaveras, con excepción de los accesos Norte y Oeste que todavía están bajo orbita privada con las operaciones de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).

Con este panorama de fondo, entre los referentes oficialistas consultados por iProfesional entienden que «la matanza no va a ganar al río» y que habrá una negociación que permitirá oxigenar la trámite y los planes que la coalición oficialista deberá encarar para intentar revertir la convincente derrota electoral de las PASO del pasado domingo 12 de septiembre.

En ese contexto, habrá que esperar si las renuncias en el carta de poder en el interior del gobierno {nacional} se mantienen, si se van solamente algunos o se quedan todos.