08/02/2021 Justicia
Fiscal pide declaraciones juradas de Macri en causa sobre supuestos negociados con energía
Se trata de una causa iniciada en 2017 y en el expediente también está imputado el exministro de Energía y exdirectivo de Shell Juan José Aranguren. Entre los empresarios que habrían sido beneficiados, se encontrarían Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin, de los cuales también se requirió la declaración jurada, y John Lewis.
Ademas de Macri está imputado el ex ministro de Energía José Aranguren
El fiscal federal Franco Picardi solicitó que se incorporen las declaraciones juradas del expresidente Mauricio Macri y de diversos empresarios del sector energético en una causa que investiga si el exmandatario los favoreció al promover los tarifazos en el servicio de gas de 2016, informaron fuentes judiciales.
Se trata de una causa iniciada en 2017 pero que a fines del año pasado el juez federal Sebastián Casanello delegó en el fiscal Picardi, dijeron las fuentes, que recordaron que en el expediente también está imputado el exministro de Energía y exdirectivo de Shell Juan José Aranguren.
Entre los empresarios que habrían sido beneficiados, según la hipótesis de la investigación, se encontrarían Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin, de los cuales también se requirió la declaración jurada, y John Lewis.
El fiscal también requirió que se le solicite a la Caja de Valores informes sobre movimientos de personas relacionadas a las empresas Edenor, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto y Transener, entre otras.
Picardi pidió que la AFIP remita, en soporte digital, un informe de evolución patrimonial y financiera respecto de Aranguren, Mindlin y Caputo y otro de relaciones comerciales de todo tipo relacionadas a las firmas Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A y Patagonia Energía S.A.
En este expediente la Procuraduría de Investigaciones administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, advirtió sobre un posible caso de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho.
La PIA había señalado que el incremento tarifario implicó una mejora para la posición económica de los titulares y accionistas de las empresas del rubro.Fuente de la noticia (Telam)
