Las dificultades para el grupo Vicentin no cesan. Luego que la semana pasada el juez penal de primera instancia del Distrito Nº2 de Rosario, Hernán Postma, ordenara el bloqueo de todas sus cuentas, el juez federal Julián Ercolini dispuso el embargo preventivo de bienes inmuebles de Algodonera Avellaneda, una de las compañías que integra el grupo de la cerealera.
La decisión fue adoptada ayer por el magistrado que pidió que el mismo se realice "sin afectar el normal giro comercial de la empresa, que continuará con su posesión", con lo cual la compañía podrá seguir con sus operaciones habituales, pero con el impedimento de transferir cualquiera de los bienes embargados por la justicia federal.
De esta forma, Ercolini también prohibió la venta o transferencia de los diferentes bienes muebles de Algodonera Avellaneda, entre los cuales se encuentran 13 vehículos, entre camionetas, camiones y tractores, así como otras maquinarias agrícolas. El juez actuó así en el marco de una causa donde el Banco Nación se presentó. El banco estatal reclama por US$300 millones que le dio a la empresa.
La frase de Cristina Kirchner que puso otra vez al campo en guardia
"En función de los lineamientos establecidos por el Superior en la resolución de fecha 2 de diciembre del corriente y del conocimiento actual que se tiene del patrimonio de la empresa a partir de la instrucción realizada por el Sr. fiscal en el legajo de investigación patrimonial, habré de establecer el embargo preventivo de los bienes de Algodonera Avellaneda SA que han sido individualizados, de manera tal que no se afecte el giro comercial de la empresa pero se aseguren bienes suficientes para no tornar ilusorias las posibles consecuencias patrimoniales de la presente investigación", precisó el juez en el fallo.
Asimismo, aclaró que como los bienes no han sido valuados, "en la actualidad no es posible establecer en qué medida abarcarán la suma del perjuicio que la maniobra habría ocasionado; esto es, $18.500.000.000,00" y ordenó tasaciones para establecer con efectiva precisión los reales valores de cada uno de los bienes señalados, que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El reclamo judicial del BNA apunta a recuperar los más de U$S300 millones de deuda que mantiene el grupo Vincetín con el banco por créditos otorgados.
Cuentas bloqueadas
Fabián Lorenzini, el juez que lleva el concurso de acreedores de la cerealera, dispuso que se levantaran los bloqueos a las cuentas tras lo ordenado por Postma. Sin embargo, ayer la compañía alertó que las mismas continuaban sin poder operarse y dijo que peligraba el pago de salarios a sus empleados y otros compromisos.
El juez Postma había accedido a un pedido de bloqueo que formuló el fiscal Miguel Moreno, el mismo que lleva adelante una causa tras una denuncia hecha por acreedores por presunta estafa. La semana pasada Moreno había ordenado una serie de allanamientos sobre la compañía y exdirectivos. Para la cerealera, eso se trató de una "medida arbitraria, absolutamente injusta e inconducente" que conduce a la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos.
"Son absolutamente falsos", dijo la empresa. Apuntó queno existe"ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el juez Lorenzini".
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