La recientemente modificada ley de manejo del fuego, a propuesta del diputado nacional Máximo Kirchner, no deja de recibir rechazos del sector agropecuario. Esta vez fueron varias cámaras, asociaciones por cadena de cultivos y federaciones que agrupan a los productores quienes se manifestaron en contra de la ley porque "presume que los propietarios rurales son delincuentes potenciales".
Entre quienes firman un comunicado al respecto se encuentran la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), la Asociación Forestal Argentina (AFoA), la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Cámara Algodonera Argentina (CAA), la Cámara Argentina de la Alfalfa (CAA), la Cámara Argentina del Maní (CAM), la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), la Cámara de Industriales Arroceros de Argentina (Ciaar), la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus) y la Federación Olivícola Argentina (FOA).
"La ley de manejo del fuego, recientemente sancionada por el Congreso Nacional, presume que los propietarios rurales son delincuentes potenciales", alertaron las entidades.
Según remarcaron, en cuanto a la prohibición en el cambio de uso por plazos de 30 a 60 años "la ley no hace distinción entre incendios naturales, accidentales o provocados y asume, sin que se haya probado intencionalidad o culpa, que quien ha sufrido un incendio es quien lo ha provocado".
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En este sentido, remarcaron que la ley está "violando el principio de presunción de inocencia y condenando al propietario del predio, quien además de perder su capital de trabajo debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no se ha demostrado su responsabilidad".
"Es competencia de la Justicia Penal detectar a los responsables de los incendios, y totalmente arbitrario considerar de antemano que hay intencionalidad", dijeron. Agregaron que restringir o limitar el derecho sobre la propiedad privada sin que medie una sentencia firme "es absolutamente inconstitucional".
"La modificación a la ley en estos términos viola el principio legal de inocencia y trae aparejada no solo la violación al derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional sino que conlleva al resultado disvalioso para aquel productor que fuera atacado por terceros que con dolo provocaran un incendio en su propiedad o fuera afectado por un infortunio de la naturaleza, que debe sufrir, además del daño, las limitaciones inconstitucionales a sus derechos", apuntaron.
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En este contexto, las entidades proponen trabajar conjuntamente con el Estado para diseñar un plan eficiente de prevención, manejo y control del fuego, pero rechazan "esta nueva vulneración al derecho de propiedad" y no aceptan que "se considere a quienes trabajan la tierra y han sufrido un siniestro como delincuentes ambientales".
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