Un fuerte llamado de atención internacional reavivó hoy el conflicto de poderes desatado a raíz de la ofensiva del kirchnerismo para remover de su cargo al procurador general Eduardo Casal. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) expresó en un comunicado su preocupación por "los actos de presión y agresión" dirigidos al funcionario argentino y llamó a "defender la independencia y la autonomía" de la institución.
Quienes firman la declaración son responsables de organismos similares a los que dirige Casal en 12 países, entre ellos España, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia. Señalan que las presiones a la Procuración "afectan los esfuerzos por promover y defender los derechos de la sociedad en su conjunto y la mantención del Estado de Derecho".
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Y añade: "Del mismo modo, las y los abajo firmantes manifiestan que cuando tales actos son dirigidos contra las y los Fiscales o Procuradores Generales, por actos propios de sus funciones, pueden constituir formas de hostigamiento que afectan a los Ministerios Públicos en su conjunto, y lesionan su necesaria autonomía e independencia".
Los fiscales de la región destacan que "la autonomía del Ministerio Público frente a los poderes legislativo y ejecutivo constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia".
En ese contexto expresan su "preocupación por los actos que podrían constituir presiones indebidas sobre el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina y su titular interino, el Fiscal de carrera Eduardo Ezequiel Casal". Llaman "a la solidaridad entre todos los Ministerios Públicos de la AIAMP para defender la autonomía y su independencia frente a las presiones políticas".
El documento lo firman los procuradores generales Alfons Alberca Sanvicens (Andorra), Augusto Aras (Brasil), Francisco Barbosa Delgado (Colombia), Dolores Delgado García (España), Sandra Quiñonez Astigarraga (Paraguay), Lucília Gago (Portugal), Juan Lanchipa Ponce (Bolivia), Jorge Abbott Charme (Chile), Diana Salazar Méndez (Ecuador), Eduardo Ulloa Miranda (Panamá), Zoraida Ávalos Rivera (Perú) y Jorge Díaz Almeida (Uruguay).
Casal, que sucedió como interino a la procuradora Alejandra Gils Carbó en 2017, está en la mira del kirchnerismo desde hace dos meses. Apunta a removerlo para que acceda un funcionario afín también de manera interina, porque no cuenta con los votos suficientes en el Senado para designar formalmente a un nuevo procurador. El candidato que presentó el presidente Alberto Fernández es el actual juez federal Daniel Rafecas. Tampoco Cambiemos había logrado imponer un candidato con consenso suficiente (Mauricio Macri había propuesto a Inés Weinberg de Roca).
Nueva ofensiva en el Senado
Ayer el Frente de Todos volvió a cargar contra Casal en el Senado: por segunda semana consecutiva le dedicó una dura diatriba en el recinto el senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), quien lo acusó de rebelarse contra el Senado por no haberle tomado juramento de manera inmediata a César Grau en el tribunal que tiene a su cargo juzgar, y eventualmente remover, a los fiscales acusados por mal desempeño de sus funciones.
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"Estamos ante una conducta de desprecio y de rebeldía", afirmó Doñate. "Es momento de llamar a las cosas por su nombre: lo que hace Eduardo Casal es alzarse contra este Senado de la Nación", agregó.
La designación de Grau es motivo de controversia ya que quien ocupa ese sitial ahora, Mario Laporta, fue designado en 2018 por un mandato de tres años por un decreto de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que respondió así a una propuesta de los senadores de Cambiemos. Para el oficialismo, ese procedimiento es inválido ya que la ley establece que la designación la debe hacer la mayoría de la Cámara, y que esta se refleja con una votación del pleno del cuerpo. Por esta razón, revocó el mandato de Laporta y designó a Grau, de innegable alineamiento oficialista.
El control del jurado de enjuiciamiento podría ser clave para la intención del Frente de Todos de remover a Casal por una vía distinta al juicio político, para el cual no cuenta con votos suficientes.
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